Los sindicatos han hecho realidad su amenaza de llevar a los
tribunales el aumento de nivel de catalán exigido en las
oposiciones para ser funcionario de la Comunitat Autònoma. Según ha
podido saber este diario el Tribunal Superior de Justicia de
Balears (TSJB) ha aceptado a trámite al menos tres recursos
contenciosos administrativos planteados contra el decreto 25/2001
de la Conselleria d'Interior que regula la exigencia de
conocimientos de la lengua catalana en los procedimientos
selectivos de acceso a la función pública de la Administración del
Govern, y que ya están en marcha.
Los recursos han venido de la mano de los sindicatos USO y
CSI-CSIF así como, a título personal, de Antonio Vera, esposo de la
diputada del PP Mabel Cabrer. Este último además ha impugnado las
plazas ya convocadas de asesor lingüístico. CSI-CSIF ha pedido la
suspensión de la aplicación del decreto y USO recurrirá todas las
oposiciones en las que se ha producido un aumento del nivel exigido
del catalán respecto al que se venía pidiendo.
Estos recursos complican todavía más, y dejan en cuarentena, las
oposiciones en la Comunitat Autònoma. Hay que recordar también que
el TSJB todavía no se ha pronunciado, dos años después, sobre la
legalidad de las oposiciones convocadas por el Govern del PP y que
tiene congeladas 300 plazas. Un informe contrario a esas
oposiciones no supondría problema y el Govern procedería a sacarlas
a concurso, pero si dictamina que son legales el lío estaría
servido. Y es que, para una misma plaza se estaría exigiendo un
nivel de catalán diferente (más duro en el caso de las oposiciones
del Pacte por presión del PSM) y la forma de puntuar será
completamente diferente (en las oposiciones convocadas por el PP la
experiencia se tiene muy en cuenta).
El aumento del nivel de catalán en las oposiciones (para
determinados cuerpos) ha provocado una auténtica revolución dentro
y fuera de la Administración y la gente se ha lanzado en tropel a
estudiar catalán y presentarse a las pruebas ordinarias y
extraordinarias convocadas por la Junta Evaluadora de Catalán. Ayer
mismo en la UIB tuvieron lugar nuevos exámenes multitudinarios (y
extraordinarios) para la obtención del certificado, en esta ocasión
del C.
USO esgrime razones sociales y legales en el contencioso
planteado
La Unión Sindical Obrera ha planteado el contencioso administrativo
por dos motivos. El primero de ellos es de «carácter social» y
tendría su base en que «no es sensato aumentar el nivel de catalán
en una comunidad como la nuestra, donde más del 80% de la
Administración del Govern (conselleries y centros de trabajo),
están ubicadas en Palma y el último censo dado por Cort dice que
más del 50% de la población es 'forastera'». USO no duda en señalar
que el aumento de los conocimientos de catalán exigidos para ser
funcionario de la Comunitat «constituyen una simple decisión
política y caprichosa» y pone de manifiesto que lo importante es
«contar con los mejores profesionales».
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