Nekane Domblás11/05/01 0:00
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El conseller d'Obres Públiques, Josep Antoni Ferrer, anunció ayer en el Parlament que la futura ley del suelo que en estos momentos redacta su departamento incluirá una disposición que permitirá a los ayuntamientos fijar cupos de licencias como ya ha establecido el Ajuntament de Calvià. El conseller afirmó que este sistema es «positivo» y, pese a que hay informes contradictorios al respecto, el Govern está decidido a incluirlo en la futura ley. El conseller compareció en el Parlament para explicar la reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) sobre la que también está trabajando el ejecutivo. Explicó los datos de un reciente estudio que señala que Balears dispone de 1'8 millones de plazas construidas y aún tiene suelo vacante para construir 824.000 plazas más.

El conseller añadió además que las Directrices de Ordenación del Territorio permiten un crecimiento del 10 por ciento en 10 años «lo cual es una barbaridad». Por esta razón, el conseller anunció que el Govern también actuará sobre el suelo edificable vacante para reducirlo. «Parte de ese suelo debería desaparecer», afirmó Ferrer, lo que de hecho representa un anuncio de nuevas desclasificaciones.

El conseller explicó además que el análisis de las DOT ha puesto de manifiesto la imposibilidad que tienen los ayuntamientos de aumentar los niveles de protección en suelo rústico dado que las Directrices tiene fijadas unas categorías de suelo predeterminadas que no se pueden modificar. También censuró la escasa definición de las áreas de interés agrario y anunció que es preciso fijar un nuevo régimen jurídico para protegerlas. Este mismo problema se presenta en las áreas de transición entre suelo urbano y rústico. Por lo que respecta al suelo urbano, el conseller afirmó que, dado que las limitación afecta al uso del suelo, pero no fija techos de población, se corre el riesgo de generar una tendencia hacia la construcción vertical, en lugar de horizontal, lo que provocaría un notable aumento de las densidades de población.

El diputado del PP Cristòfol Huguet advirtió de que la puesta en marcha de medidas de contención urbanística. Añadió que un estudio del Ibavi sitúa en 9.0000 la cantidad de viviendas que se demandan al año y también dijo que los promotores calculan que, en torno a 22.000 familias, no pueden pagar más de 14 millones por una vivienda. Desde este punto de vista, defendió las actuales Directrices y aseguró que, pese a que hacen un control real del crecimiento, también tienen una garantía de seguir creciendo y crear nuevas viviendas. Antoni Alorda, del PSM, se mostró de acuerdo con el conseller en que el suelo vacante es excesivo y más aún la previsión de crecimiento del 10 por ciento que fijan las DOT.