«La persona que tendría que poner orden provoca desórdenes». Con
esta contundencia respondió ayer el president del Govern, Francesc
Antich, a la delegada del Gobierno en Balears, Catalina Cirer,
quien calificó de insuficiente el número de autocares que ha
establecido el Ejecutivo como los servicios mínimos. Para Antich,
quien compareció ante los medios informativos horas antes de la
huelga general, Cirer pretende «curarse en salud» ante la
posibilidad de que las fuerzas de seguridad no puedan obligar a
cumplir los servicios mínimos.
«Para mí ha sido una gran sorpresa las manifestaciones de Cirer,
sobre todo después de haber intentado trabajar conjuntamente con
ella para evitar que se produzcan problemas graves durante la
huelga general; parece que Cirer ha olvidado que esta protesta no
es por culpa del Govern», contestó Antich, visiblemente molesto por
las críticas de la delegada del Gobierno a los servicios mínimos
decretados por el Ejecutivo.
El president hizo un llamamiento a la responsabilidad y solicitó
a los piquetes informativos que sean «informativos» y que los
empresarios de las Islas garanticen el derecho a aquellos
trabajadores que quieran participar en la huelga general. Antich
exigió que «las fuerzas de seguridad garanticen los servicios
esenciales». No obstante, el president del Ejecutivo no quiso dar
su opinión ante la posibilidad de que la policía escolte a los
autocares en servicios mínimos. «Es un asunto que compete a la
Delegación del Gobierno y no al Govern», precisó el jefe del
gabinete autonómico.
Tras el llamamiento a la tranquilidad efectuado por Antich, el
conseller d'Obres Públiques, Francesc Quetglas, explicó cómo se
fijaron los servicios mínimos para el transporte discrecional,
donde no existe acuerdo con los sindicatos para su cumplimiento.
Quetglas aseguró que el Govern ha establecido unos servicios
mínimos razonables que evitará el «hacinamiento» de turistas en los
aeropuertos de Balears. En este sentido, Quetglas recordó que se
habían fijado un total de 20 autocares para Mallorca, que se
desplazarán hasta las distintas zonas turísticas de la isla. Una
vez en sus zonas turísticas, los visitantes deberán desplazarse
hasta los hoteles a pie o con los vehículos privados.
Quetglas calculó que durante la jornada de hoy pasarán por el
aeropuerto de Palma unas 30.000 personas, de las cuales la mitad
llegarán de vacaciones a la isla y deberán ser desplazados hasta
sus hoteles. El Govern cree que unos 8.000 turistas necesitarán
hacer uso del transporte discrecional. «Estamos ante unos servicios
mínimos razonables, aunque es una responsabilidad de Delegación del
Gobierno que se cumplan», recalcó Quetglas.
El president del Govern anunció que se estudiarán posibles
sanciones a aquellas empresas que rechacen cumplir los servicios
mínimos, aunque Antich recalcó que «nuestra misión ahora no es
adelantarnos a lo que pueda ocurrir durante la jornada de huelga».
Antich ha ordenado a todos los miembros del Govern que estén hoy en
sus puestos de trabajo, aunque el president volvió a criticar la
reforma laboral aprobada por el Gobierno, que se ha producido en
plena temporada turística.
Cirer ofrece protección policial a los trabajadores que
no hagan huelga
La delegada del Gobierno, Catalina Cirer, se reunió ayer con
representantes del sector del transporte discrecional para
garantizar protección policial a aquellos trabajadores que opten
por no participar en la huelga general. Según una nota informativa
emitida por Delegación del Gobierno, Cirer ha recordado que las
fuerzas de seguridad no podrán obligar a trabajar a un empleado que
quiera ejercer su derecho a secundar el paro. Cirer ha precisado
que este compromiso «se hace extensivo a todos los sectores
económicos de Balears». Asimismo, la delegada del Gobierno ha
reiterado a Francesc Antich su voluntad de cooperar en cualquier
iniciativa del Govern «en relación al óptimo desarrollo de la
jornada de huelga». Cirer ha insistido en que las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado están a disposición del presidente de la
Comunitat y de todos los ciudadanos para preservar sus derechos y
libertades. Esta postura de Cirer se produce después de que la
delegada se pronunciara en contra de los servicios mínimos fijados
por el Govern.
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