Govern, Consell de Mallorca y Ajuntament de Palma colaborarán para
que las personas que han sido incapacitadas por vía judicial
reciban asistencia y sean tuteladas por las distintas
administraciones. Este programa beneficiará al menos a las 96
personas que hasta el mes de julio, habían iniciado el expediente
de incapacitación. Cada una de las administraciones aportará un
total de 34.000 euros al programa, que será gestionado por la
Fundació Aldaba. Entre los objetivos de esta actuación se encuentra
asumir las funciones tutelares cuando lo acuerde la autoridad
judicial competente.
También defenderán judicialmente a los presuntos incapacitados
cuando lo determinen los juzgados, una vez que se haya iniciado el
procedimiento por parte del Ministerio Fiscal. Entre las funciones
se encuentra dar orientación jurídica a los profesionales de los
servicios sociales y sanitarios que lo necesiten y promover la
formación jurídica y social de los profesionales relacionados con
los incapacitados, el con la finalidad de garantizar mejor sus
derecho, según explicó la consellera.
Hasta julio de 2002, el programa ya ha asumido 19 defensas
judiciales, nueve casos de administración de bienes, 41 tutelas
judiciales y 17 curatelas, que es una fase previa a la tutela por
incapacitación temporal. La incapacitación judicial se ha concedido
a 33 enfermos mentales, 14 discapacitados, 18 casos de demencia, 3
alcohólicos, 5 personas con problemas de Alzheimer, 2 con Parkinson
y 3 más con ludopatías.
La mayor parte de estas tutelas asumidas se hacen en personas de
avanzada edad que no tienen parientes próximos. No obstante, la
consellera explicó que también existen numerosos casos de dejación
familiar una vez que el pariente ha quedado incapacitado. La
consellera explicó que las incapacitaciones cada vez tienen un
mayor espectro ya que afectan a alcohólicos y ludópatas, cuando
hasta hace unos años sólo afectaban a dementes.
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