Las entidades integrantes del Foro de la Inmigración en Balears han
elaborado un informe en el que se denuncian los «reiterados y
descarados incumplimientos en la aplicación de la Ley de
Extranjería y del Real Decreto que la desarrolla por la Delegación
del Gobierno». Según dijo ayer la consellera de Benestar Social,
Fernanda Caro, este informe será entregado hoy al delegado del
Gobierno, Antoni Ramis, así como al director de la Tesorería de la
Seguridad Social en la Comunidad, Antoni Comas, a quienes se
reclamará una entrevista.
En éste se condena básicamente los retrasos que los inmigrantes
padecen tanto en tramitación de los permisos de residencia y
trabajo, como en las renovaciones o resoluciones de los recursos
presentados. La responsable del Centro de Información para
Trabajadores Extranjeros (CITE), Eva Cerdeiriña, concretó que
«mientras que la Ley de Extranjería establece un plazo de tres
meses para que la Administración dé respuesta a las solicitudes de
permisos o de renovaciones de los mismos, en Balears se está
tardando hasta 24 meses». Lo mismo pasa con los recursos
presentados por inmigrantes, prosiguió, «que tardan en resolverse
entre 12 y 15 meses, aunque la ley habla de tres meses».
La Delegación del Gobierno, lamentó Cerdeiriña, «apela a la
falta de personal en las oficinas de extranjería, pero hemos
llegado a pensar que existe una clara voluntad por parte del
Gobierno de mantener esta situación y no darle solución». Para el
portavoz de la Asociación de Magrebíes en Mallorca, Boul Harrak,
las consecuencias de estos incumplimientos son «graves», pues,
«esta inseguridad jurídica condena al inmigrante a la ilegalidad, a
la marginalidad y a la explotación y al trabajo sumergido». Más
aún, esta situación provoca «problemas psicológicos a los
inmigrantes, que padecen estrés, aislamiento y desesperación,
declaró la portavoz de Cáritas, Aina Comas.
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