La entrada en vigor de la tercera reforma de la Ley de Extranjería en España (aprobada en su día en el Congreso de los Diputados con los votos de PP, PSOE y Coalición Canaria) no está exenta de polémica, especialmente por la obligación que impone a las compañías aéreas o marítimas de comunicar a las autoridades la identidad de los inmigrantes que viajan como turistas a España, pero que luego no regresan. Esto evidencia, entre otras cosas, la ineficacia de los mecanismos de control existentes hasta el momento y, además, supone el reconocimiento de la incapacidad del Estado para hacer frente al problema sin contar con la colaboración de las empresas de transporte de viajeros. Del mismo modo, permite el acceso de la policía a los datos del padrón, que puede convertirse en una especie de «lista negra» que haga que muchos renuncien al derecho que éste les da a recibir asistencia médica o educación, y eso es algo que debería ser revisado.
Editorial
El control de la inmigración
23/12/03 0:00
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