El Consell de Mallorca ha decidido intensificar los controles sobre
el urbanismo ilegal y, a lo largo de 2003, ha ordenado la
demolición de 17 edificaciones que no contaban con los permisos
necesarios para construirse. Esta cifra contrasta con las cuatro
órdenes de demoliciones aprobadas en el ejercicio de 2002 y las
siete que se aprobaron en 2001. Hasta esa fecha, las estadísticas
de la institución no reflejan ninguna orden para demoler
construcciones ilegales, ya sean viviendas, piscinas o ampliaciones
ilegales en suelo rústico. El conseller de Territori del Consell,
Bartomeu Vicens, aseguró que, durante este año, la institución
insular ha hecho un importante esfuerzo para combatir el urbanismo
ilegal y anuncia que, durante esta legislatura, se intensificarán
todavía más los controles. «Hasta ahora hemos centrado nuestros
esfuerzos en poder aprobar el Plan Territorial de Mallorca y, si a
la vez no trabajas para combatir la indisciplina urbanística, el
trabajo hecho no sirve para nada», dijo el conseller.
La mano dura que ha decidido llevar a cabo el Consell queda
patente también en la cuantía de las multas impuestas por la
institución insular. Este año se ha batido el récord absoluto en
imposición de multas, con una cuantía global de 1'8 millones de
euros. Solamente las cifras registradas en 2001, con unas sanciones
por valor de 1'6 millones de euros, se acercan a esta cantidad.
También ha habido un aumento en los controles realizados por la
institución insular, que en 2003 han sido 219. Estas inspecciones
se han saldado con la apertura de 115 expedientes disciplinarios
que, a su vez, han dado pie a un total de 50 multas, la cifra más
alta alcanzada en los últimos siete años.
Con una visión retrospectiva, desde el año 1997 el Consell de
Mallorca ha abierto un total de 784 expedientes en materia de
disciplina urbanística de entre las 1.267 inspecciones realizadas
por los servicios de la institución insular. Un total de 245
personas han sido multadas por no cumplir las leyes a la hora de
realizar construcciones y la cuantía total de lo cobrado por el
Consell en estos años supera los seis millones de euros (1.000
millones de pesetas). Este esfuerzo que realiza el Consell de
Mallorca para combatir el urbanismo ilegal choca, en muchas
ocasiones, con la desidia de los ayuntamientos a la hora de hacer
cumplir la legalidad urbanística a sus ciudadanos. El conseller de
Territori del Consell de Mallorca realizó un llamamiento a los
responsables municipales para que también apliquen mano dura en
cuanto detecten la realización de obras que no cuentan con los
permisos necesarios.
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