El Consell, a través del Institut de Serveis Socials i Esportius de
Mallorca, conocido como s'Institut, ha decidido promover una serie
de reformas legales para poder alojar en residencias privadas a las
1.800 personas de la tercera edad que están en lista de espera para
entrar en los centros públicos que, desde el pasado día 1 de enero,
gestiona el Consell.
La presidenta de s'Institut, Margalida Vilanova, aseguró que su
departamento es partidario de modificar también otros aspectos de
la ley para adecuarla a la realidad social de la Mallorca de 2004,
muy diferente a la que existía en 1987, cuando se aprobó la ley que
sigue vigente.
La presidenta de s'Institut, Margalida Vilanova, que ayer
presentó oficialmente las grandes cifras de este organismo, explicó
que la actual ley de acción social, aprobada por el Parlament en el
año 1987, impide a las administraciones concertar plazas con
residencias privadas con ánimo de lucro.
Por esta razón, Consell y Govern ya han iniciado conversaciones
para modificar esta ley de forma que la institución insular pueda
aprobar conciertos con residencias privadas, lo que ampliaría
sustancialmente la oferta de 1.117 plazas que ahora tiene el
Consell de Mallorca. La imposibilidad de llegar a conciertos con
empresas con ánimo de lucro hace que, en estos momentos, de las
1.117 plazas, tan sólo 31 están concertadas.
S'Institut recibió las competencias en materia de acción social
el día 1 de enero, con lo que, gracias al traspaso, a lo largo de
2004 gestionará un presupuesto cercano a los 70 millones de euros.
El organismo dependiente del Consell ha recibido el traspaso de 490
trabajadores que, unidos a los 591 que ya trabajaban en el área
social del Consell, hacen un total de 1.081 funcionarios.
S'Institut gestionará 1.078 plazas de discapacitados que están
concertadas y se hará cargo de la inspección y registro de centros,
de las ayudas a personas mayores, discapacitados y con urgente
necesidad y del comedor de transeúntes.
Margalida Vilanova explicó que la puesta en marcha de este
organismo permitirá tener centralizadas todas las competencias de
acción social en una administración única, lo que permitirá mejorar
la gestión de los servicios sociales ya que todas las peticiones
quedarán centralizadas y no habrá discusiones de competencias entre
las distintas administraciones.
En materia de menores, el Consell tiene unos 300 menores
tutelados y otros 2.000 han recibido apoyo técnico o psicológico
por problemas de maltrato. Vilanova explicó que el Govern mantendrá
las competencias sobre la Targeta Bàsica ya que se trata de una
cuestión de ámbito suprainsular, por lo que la competencia debe ser
del Govern.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.