Josep Maria Aguiló06/01/04 0:00
TW
0

Los Serveis Jurídics de Cort entregaron el pasado 30 de diciembre por la tarde, en el Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, un escrito en el que se recogen todas las intervenciones -íntegras- que tuvieron lugar en el pleno del pasado 23 de diciembre cuando se debatieron los puntos referidos a la compra del solar de Son Espases por parte del equipo de gobierno por 7,2 millones de euros. La intención del Consistorio es ceder dichos terrenos a la Conselleria de Salut i Consum para que ésta levante en los mismos el nuevo hospital de Son Dureta.

Cabe recordar que en dicho pleno la alcaldesa de Palma, la popular Catalina Cirer, anunció que presentaría una denuncia contra el portavoz de EU-EV, Eberhard Grosske, por presuntas calumnias contra el teniente de alcalde de Urbanisme, Javier Rodrigo de Santos, ya que Grosske afirmó que el regidor popular habría realizado un «pelotazo urbanístico» con la compra de Son Espases. La oposición en Cort criticó el pasado mes de diciembre que el citado solar se fuera a comprar pagando 27 euros por metro cuadrado. El pleno debía corroborar la compra prevista, hecho que finalmente se produjo, sólo con los votos favorables del PP, pero antes hubo un durísimo y crispado debate entre el equipo de gobierno y los portavoces de la oposición. Fue entonces cuando Grosske, tras señalar que los argumentos y la documentación aportada por Rodrigo de Santos le parecían insuficientes, afirmó que se había producido un «pelotazo urbanístico» con el acuerdo de compra, en el que el responsable de Urbanisme estaría, según Grosske, implicado, e insinuó, como había hecho con anterioridad el portavoz del PSM-EN, Pere Muñoz, que quizás decidiese llevar al responsable de Urbanisme ante los tribunales.

Rodrigo de Santos negó con rotundidad dichas acusaciones de «prevaricación» y señaló que si el portavoz de EU-EV no las retiraba, presentaría una querella contra él por presuntas calumnias. Fue entonces cuando Cirer dijo que si Rodrigo de Santos no presentaba la denuncia, sería ella misma quien lo hiciese. Los Serveis Jurídics de Cort escucharon luego la grabación con todas las intervenciones, que fueron transcritas literalmente, para su posterior entrega en los Juzgados, en base al artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A partir de ahora será un juez quien decida si llama a declarar a algún concejal o si da por cerrado el caso para su archivo.