Tan sólo en Palma esta medida puede afectar a 5.051 ciudadanos
extranjeros que, aunque están empadronados, todavía no han dado
señal de vida.
Esta medida se deriva de la intención del Instituto Nacional de
Estadística de actualizar y depurar al máximo los datos recogidos
por los municipios. Según la legislación vigente «los ayuntamientos
están obligados a realizar sistemáticamente operaciones de muestreo
y control, que habrán de acentuarse entre los sectores de población
con mayor movilidad», como los extranjeros extracomunitarios.
En este sentido, durante los últimos meses el INE y los
diferentes ayuntamientos han estado trabajando para cerrar la cifra
final de extracomunitarios que tienen que ser dados de baja del
padrón municipal.
Inicialmente, en el caso de Palma había 6.796 ciudadanos de
fuera de la Unión Europea que no respondieron el cuestionario,
aunque durante este último proceso 1.745 sí que lo han hecho. El
resto, 5.051 a estas alturas, son los que tienen que ser dar de
baja del padrón.
Aun siendo una medida aparentemente técnica podría dejar
temporalmente sin ciertos derechos a millares de extracomunitarios
que por desconocimiento u otras razones no respondieron al
cuestionario que envió el INE en 2001 a todos los hogares del
Estado.
El efecto colateral más inmediato de esta medida es que los
ciudadanos extracomunitarios que sean expulsados del padrón
perderían los derechos que tienen como residentes en su municipio,
en el caso del Ajuntament de Palma, por ejemplo, el derecho a
utilizar la tarjeta ciudadana de la Empresa Municipal de
Transportes.
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