Catalina Tarrassa. La teniente de alcalde de Cort declaró que
«las personas que en 2004 todavía no han cumplimentado el
cuestionario del INE no perderán sus derechos sociales y no tendrán
ningún problema a la hora de renovar la tarjeta sanitaria o tarjeta
ciudadana». Pep Juárez. Para el secretario General del sindicato
CGT «es una medida xenófoba y típica de los periodos
preelectorales. El argumento económico no tiene mucho peso, porque
comparado con otros gastos no tiene importancia. Lo que pretende
esta medida es controlar a los inmigrantes para poder
expulsarlos».
Rafel Pons. El secretario general del sindicato USO declaró que
el objetivo final del censo «no es otro que saber en cada instante
tanto de dónde son los inmigrantes como la escuela de sus hijos. Y
a mí eso me parece una vulneración de los derechos humanos, porque
la policía puede utilizar a los niños para encontrar a un
inmigrante». Marlen Perea. A la secretaria general de la Federación
de Asociaciones de Inmigrantes de las Islas Baleares (FAIB), le
preocupa «que los Cuerpos de Seguridad tengan acceso en los datos
de los padrones y de la Seguridad Social», pues piensa que «toda
persona tiene derecho a la privacidad».
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