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La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, anunció el pasado viernes la suspensión de la moratoria urbanística que suponía que sólo podían construirse aquellas edificaciones que habían obtenido antes de la entrada en vigor de esta norma las licencias de obra pertinentes. El objetivo de esta normativa, que ha estado vigente durante los dos últimos años, no era tanto paralizar la actividad constructora en la Isla como establecer un período en el que poder ver cuáles eran los principales problemas del urbanismo en Mallorca. Para ello era absolutamente preciso establecer un margen temporal en el que debía ponerse coto a la fiebre urbanizadora de los últimos años. Además, de este modo ha sido posible que el Consell establezca restricciones concretas en las áreas que más necesitaban de ellas. Y todo ello en el marco del Pla Territorial de Mallorca, un instrumento básico en la planificación de un futuro que debe combinar de manera absolutamente racional el crecimiento posible con el sostenimiento de los valores paisajísticos y medioambientales que son la principal renta de la Isla, tanto por cuanto se refiere al turismo, nuestra principal industria, como por lo que respecta a la calidad de vida de los mismos mallorquines.

No se trata por tanto de un levantamiento de una norma prohibitiva que permita regresar al caos anterior, sino del establecimiento de restricciones concretas y de la adaptación a una nueva norma reguladora más que necesaria en estos momentos. A partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, se contará con la seguridad jurídica necesaria para saber el marco legal en el que se puede y se debe actuar por lo que respecta al urbanismo en Mallorca. Ciertamente, la nueva regulación no ha contentado a los constructores, que esperaban mayor margen, ni a los ecologistas, que hubieran deseado que las restricciones de la moratoria fueran permanentes. Ahora bien, sin lugar a dudas, tras los inciertos momentos atravesados a lo largo de los últimos años, la decisión del Consell puede favorecer la reactivación de uno de los sectores con mayor peso en la economía de la Isla.