Los consellers de UM se desmarcaron ayer de su pacto con el PP y
apoyaron una propuesta de la oposición para solicitar la presencia
de representantes de las comunidades autónomas. La propuesta no
salió adelante ante las ausencias en el pleno del Consell de la
presidenta de la institución insular, Maria Antònia Munar, y de una
consellera del PSOE. La propuesta, presentada por el PSOE,
pretendía instar al Gobierno central a que las comunidades
autónomas tengan representación en las delegaciones del Estado ante
los órganos correspondientes de la Unión Europea, siempre que se
traten asuntos que afecten a competencias de las comunidades.
El portavoz del PSOE, Andreu Crespí, aclaró que se no se
pretende que las 17 comunidades tengan representación en los
órganos decisorios de la UE, sino de que haya una persona que
represente a todas las comunidades. «Queremos un Estado fuerte,
pero flexible», dijo Crespí. El portavoz de UM, Miquel Nadal,
recordó que su partido siempre ha defendido la presencia de las
comunidades en los órganos de decisión europeos y celebró el cambio
de actitud del PSOE, aunque «temió» que se trate de una simple
declaración de intenciones. Fernando Rubio, en nombre del PP,
anunció que su partido votaría en contra de la propuesta ya que las
comunidades no tienen competencias en materia de asuntos
exteriores. Rubio aprovechó su intervención para criticar al PSOE
por su alianza con el ERC en el gobierno de Cataluña.
El pleno del Consell rechazó también, en este caso con los votos
de PP y UM, una propuesta presentada por el PSM que rechazaba la
autovía entre Inca y Sa Pobla. El conseller d'Obres Públiques del
Consell aseguró que el proyecto es en realidad el mismo que el
presentado en la anterior legislatura por el Pacte de Progrés, con
algunas diferencias en los accesos que mejoran la seguridad del
trazado. Por último, el pleno rechazó una moción presentada por el
PSM en la que se denunciaba el cierre de la emisora Son Ràdio. En
un momento del debate, el portavoz del PP en la materia, Joan Font,
llegó a acusar el Govern del Pacte de haber prevaricado al mantener
abierta la radio en una frecuencia no autorizada a pesar de que
existían tres denuncias presentadas por la Asociación Española de
Radiodifusión Comercial.
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