La alcaldesa de Palma, la popular Catalina Cirer, y el juez decano
de la capital balear, Pere J. Barceló, en representación del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), firmaron ayer un
convenio de colaboración, pionero en España, por el que conductores
condenados a penas de cárcel por delitos «contra la seguridad del
tráfico» podrán evitar ir a la misma siguiendo el cursillo de
formación «Palmastop», ideado por el Consistorio palmesano y
supervisado por la Policia Local, que tendrá una duración de un
año.
En función de la gravedad de la condena, la persona que se
inscriba en las clases deberá realizar uno, dos o tres módulos de
formación. Los módulos se denominan «Seguridad viaria» -de 30
horas-, «Prevención de riesgos» -de 15 horas- y «Actividades
complementarias» -de 14 horas-. Cada uno de los asistentes a las
clases tendrá un tutor y una vez concluido el curso habrá un
seguimiento posterior de cada alumno. Esta iniciativa, que se
empezará a aplicar a partir de hoy jueves, podrá incluir sentencias
previas aún no ejecutadas.
El proceso que se seguirá en cada caso será siempre idéntico.
Una vez que el juez haya dictado sentencia, se informará a la
persona condenada de que tiene la opción de realizar un cursillo
formativo y de que puede evitar ir a la cárcel si lo lleva a cabo.
Si el acusado decide inscribirse, será necesario que, a causa de la
gravedad de la mayoría de delitos relacionados con el tráfico,
tanto el fiscal que trabajó en el caso como los familiares o las
víctimas de quien padeció, por ejemplo, un atropello a causa de la
imprudencia del conductor condenado, acepten la posibilidad de que
se pueda permutar la prisión por las clases.
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