Aunque parezca extemporáneo en la España de 2005, el ministro de
Interior tendrá que comparecer ante el Congreso en plenas
vacaciones parlamentarias para dar cuenta de la muerte violenta de
un ciudadano almeriense mientras estaba bajo custodia de la Guardia
Civil de Roquetas. Los hechos ocurrieron hace diez días y sólo
ahora se ha tenido acceso al informe de la autopsia, que revela que
Juan Martínez, un agricultor de 39 años, sufrió numerosos golpes y
falleció por insuficiencia respiratoria mientras se hallaba en el
cuartel de la Benemérita de la localidad.
Naturalmente, estos hechos son excepcionales y no tienen nada
que ver con lo que sucede habitualmente en las actuaciones de los
agentes del Cuerpo -al parecer, se utilizaron, entre otras cosas,
armas no reglamentarias-.
Ahora bien, precisamente por eso, debe exigirse una
investigación imparcial, rápida y que las autoridades ofrezcan las
pertinentes explicaciones, así como que se depuren todas las
responsabilidades que se deriven de este caso.
De momento nueve guardias civiles, entre ellos un teniente que
ya contaba con una denuncia reciente por malos tratos en su contra,
están suspendidos por su presunta participación en este dramático
hecho ocurrido cuando Juan Martínez acudió al cuartel tras sufrir
un accidente de tráfico.
Al parecer, allí sufrió una crisis nerviosa, se puso agresivo y
tuvo que ser reducido. La investigación deberá determinar si
participaron y en qué grado los agentes de la Benemérita en la
agresión al agricultor que acabó con el fatal resultado de su
fallecimiento.
Es preciso que los hechos se esclarezcan con la mayor brevedad y
que actúe la Justicia y, en el caso de confirmarse una actuación
ilegal de los agentes, que recaiga sobre ellos todo el peso de la
ley.
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