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Todos sabemos que la Platja de Palma es no sólo una zona emblemática del turismo balear, pionera en muchos aspectos y enorme fuente de riqueza, sino además un pequeño tesoro para la economía nacional, que en buena parte se nutre de los beneficios que proporciona el negocio turístico aquí y en otras zonas similares diseminadas por todo el territorio español.

Por eso desde el Gobierno -amén, por supuesto, de las instituciones locales y autonómicas- debería contemplarse el desarrollo y la evolución de estas zonas vacacionales de primera importancia con todo el mimo posible. Algo que a día de hoy no parece ocurrir.

Quizá se haya denostado el modelo turístico que simboliza la Platja de Palma en esa filosofía que prima la calidad sobre la cantidad, pero ciertamente, la kilométrica playa de s'Arenal, sus hoteles y su oferta complementaria continúan siendo en la actualidad referencia obligada en el turismo de masas español.

De ahí que resulte cuando menos sorprendente que el representante de la Secretaría de Turismo haya anunciado desde ya que en 2006 terminarán las aportaciones de las arcas gubernamentales al Consorcio de la Platja de Palma, cuando se había previsto que hasta ese momento se aportarían 2,6 millones de euros destinados a la revitalización de la zona. Poner fin a esta iniciativa es, desde luego, precipitado. Y más cuando desde el Gobierno central se alude a la necesidad de hacer partícipe a la iniciativa privada para tales menesteres, cuando se trata, precisamente, de un Ejecutivo socialista, que debería primar siempre lo público. Dos millones y medio de euros es una miseria en una empresa de tal magnitud, y ahora las partes implicadas -Ajuntaments de Palma y de Llucmajor, Consell de Mallorca, Govern y Gobierno- tendrán que hacer un esfuerzo por ampliar ese capital y maximizar los efectos positivos que tendrá sobre el futuro de un baluarte del turismo balear.