La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració, Fina Santiago, explicó ayer durante su comparecencia en el Parlament los «problemas» que su departamento está encontrando a la hora de «abrir las residencias» de mayores inauguradas durante la pasada legislatura. Esta incidencia está retrasando la incorporación de las 500 personas que la conselleria ha reconocido con derecho a plaza según la nueva Ley de Dependencia, un trabajo que «se debería haber empezado antes». «El plazo para incorporarlas finaliza en diciembre, por lo que puedo asegurar que no podremos cumplir con la fecha prevista», dijo Fina Santiago.
La consellera basó su denuncia en dos ejemplos concretos, las residencias de Montuïri e Inca, que no son las únicas en las que se han registrado problemas. Según Santiago, la primera «no tiene el permiso inicial de obras y, la segunda, el de finalización», afirmó.
Durante su comparecencia, Santiago explicó las principales líneas de actuación que su departamento llevará a cabo durante esta legislatura, entre ellas el Pacte per a la Immigració y la creación de un Observatori per a la Immigració. También se pondrá en marcha un centro terapéutico para menores y se elaborarán un protocolo sobre la violencia doméstica a mujeres y niños y un plan director de cooperación. También se mejorará la Llei de Serveis Socials, que, tras veinte años, «se ha quedado obsoleta», y se pondrá en funcionamiento en colaboración con la Conselleria d'Educació un programa piloto para prevenir la violencia juvenil. Este proyecto se desarrollará en entre 10 y 15 centros escolares de Balears.
La comparecencia de Santiago fue la segunda que se vivió ayer en el Parlament. Antes, Francesca Vives, consellera de Comerç, Indústria i Energia, había anunciado que mantendrá la moratoria de creación de grandes superficies comerciales en Balears hasta que se elabore la nueva Llei de Comerç, necesaria para adaptarse a la directiva europea Bolkestein. Según Vives, el pequeño comerciante «no se verá perjudicado».
La conselleria potenciará las energías renovables y la eficiencia energética y trabajará en la construcción del gasoducto, cuya obras comenzarán el próximo mes, para que entre en funcionamiento en julio de 2009. El ejecutivo autonómico también elaborará una ley de minas que sustituya a la nacional, que Vives calificó de «obsoleta», a fin de hacer cumplir a las canteras que hay en Balears con la legalidad. Aparte de otros proyectos concretos que su departamento tiene previsto llevar a cabo, Vives expresó su intención de hacer un censo de suelo industrial y fomentar los polígonos industriales «pequeños» y cercanos a los núcleos de población.
El último en presentar las líneas de actuación de su departamento fue Mateu Cañellas, conseller d'Esports i Joventut. Cañellas destacó la puesta en marcha del Institut Balear de la Joventut y la intención de convertir su área en «un órgano de unión entre los jóvenes con el resto de consellerias» debido a su «carácter transversal».
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