El president del Govern, Francesc Antich, aprovechó su conferencia en Madrid, invitado por el Foro Nueva Economía, para anunciar la elaboración de un gran pacto que permita abordar el problema de la vivienda sin que, necesariamente, implique una mayor destrucción del territorio.
Antich, en su comparecencia, ha expuesto con claridad una de las demandas sociales más importantes de Balears, la necesidad de un acceso asequible a la vivienda y el freno a la progresiva destrucción del territorio. Para alcanzar ambos objetivos, el president plantea un acuerdo en el que deben participar tanto las instituciones públicas como la iniciativa privada, entendida como promotores y constructores.
La propuesta, en su enunciado, merece el respaldo unánime. En su discurso, el president del Govern confiesa que el resultado final de la operación significará la puesta en el mercado de miles de viviendas, tanto en régimen de compra como de alquiler. El compromiso público de Antich pasa, a tenor de sus propias palabras, en la cesión de terrenos a los constructores -procedentes de zonas urbanas degradadas- bajo el compromiso de abaratar precios.
No cabe duda que ante el escenario actual de un incremento progresivo en los tipos hipotecarios, la iniciativa de Antich generará las lógicas expectativas en amplias capas de la población, pero es indiscutible que se hace preciso un mayor detalle en el contenido de los planes presidenciales. Es imprescindible saber qué fórmulas aplicará el Govern para hacer realidad una ecuación con aparentes contradicciones, cual será el contenido de la denominada Ley de Barrios, el papel de los consells y ayuntamientos y, por último, el coste financiero del pacto.
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