La Conselleria de Salut i Consum descarta impulsar, en esta legislatura, la tramitación de una ley autonómica para controlar el consumo del alcohol al considerar que hace falta activar la «percepción social» de los ciudadanos de las Islas sobre la problemática social y de salud sobre esta cuestión.
Así lo afirmó la directora general de Salut Pública i Participació, Margalida Buades, matizando que «vamos a trabajar activamente para que los ciudadanos de las Islas sean conscientes del problema que supone el consumo del alcohol sin control» reconociendo que «vivimos en una sociedad en la que se bebe mucho» y en la que la cultura del alcohol está implantada como algo habitual y cotidiano.
Buades matizó que impulsar una ley de este tipo se tiene que hacer «con coherencia con el entorno» por lo que sería más lógico, según la directora general, que fuera el Ministerio de Sanidad y Consumo el que elaborara una ley que regulara el consumo de alcohol en todo el Estado español, a través del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Desde el PP sostienen que el PSIB-PSOE incumplirá su programa electoral si no elabora una ley autonómica que regule el consumo del alcohol, especialmente entre los más jóvenes.
Desde el PP también han mostrado su preocupación por el hecho de que el Ministerio de Sanidad y Consumo haya retirado una subvención de 330.000 euros acusando a Balears de incumplir la 'ley antitabaco' estatal por permitir la venta de tabaco en los comercios turísticos.
En este sentido el PP ha presentado dos proposiciones no de ley antela mesa del Parlament sobre esta cuestión. En la primera, que deberá ser debatida en la Comisión no Permanente de Salut, se pide al Parlament que inste al Gobierno del Estado a «no retirar los fondos finalistas que reciben las Islas para desarrollar los programas de salud pública destinados a luchar contra el tabaquismo» y al mismo tiempo instar al Govern balear a llevar a cabo «todas las gestiones oportunas ante el Ejecutivo central para recuperar los fondos retirados».
En la otra proposición el PP pide al Parlament que inste a los Ejecutivos central y autonómico a tomar las medidas oportunas para ampliar los canales de distribución de los productos del tabaco, para «evitar perjuicios económicos» en el comercio turístico.
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