El 'caso Andratx', doce meses después

Por ahora, el caso está dividido en 64 piezas y el juez ha decretado la apertura de dos juicios orales. Los principales imputados, el ex alcalde Eugenio Hidalgo y el ex celador municipal Jaume Gibert, se encuentran en libertad bajo fianza, a la espera de sentarse en el banquillo de los acusados. El ex director general d'Ordenació del Territori Jaume Massot, que sólo permaneció un fin de semana detenido en el cuartel de la Guardia Civil, también tendrá que responder por la comisión de varios supuestos delitos.

Desde que se puso en marcha la denominada 'operación Voramar', en la que intervinieron la Guardia Civil, inspectores de Hacienda, Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, la instrucción se ha centrado en la investigación de diversos delitos contra la ordenación del territorio, aunque permanecen bajo secreto dos piezas separadas del sumario.

Delitos
En principio, Hidalgo, Gibert y Massot fueron acusados de los siguientes supuestos delitos: negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, falsedades documentales, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Hidalgo y Gibert han ingresado en dos ocasiones en la cárcel de Palma, en la que permanecieron más de 40 días. ,El 'caso Andratx' también repercutió de lleno en la vida política de Balears, ya que la Guardia Civil grabó las conversaciones telefónicas del ex conseller de Interior José María Rodríguez, y en especial, una conversación que mantuvo con Hidalgo pocas horas antes del desarrollo de la 'operación Voramar' y posterior registro del Ajuntament de Andratx.

Además, también estuvo imputado el presidente del Consell Consultiu, órgano que asesora al Ejecutivo en cuestiones legales, Miguel Coll Carreras, por asesorar a una urbanizadora, Almudaina Dos, que mantiene un litigio con el Govern por la desclasificación de unos terrenos en el Port de Andratx.

Tras casi un año de instrucción, el juez sólo ha decretado la apertura de dos juicios orales, uno sobre la edificación de un chalet en una caseta de aperos de Hidalgo, y otro por un restaurante que el hermano de Hidalgo, Carlos, construyó en zona protegida. En ambos casos, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre los dos y nueve años de cárcel y elevadas fianzas para asegurar el derribo de las dos supuestas construcciones ilegales.

Hasta el momento, han prestado declaración como imputados y testigos más de dos centenares de personas. También, se han investigado cuentas bancarias en paraísos fiscales.