El diputado autonómico y ex portavoz de UM Bartomeu Vicens «aclaró todo lo que preguntaron», según su defensa, pero «sin dar respuestas satisfactorias», según las acusaciones del 'caso Son Oms'. El fiscal anticorrupción Juan Carrau, en todo caso, declinó alterar su situación procesal en esa causa, que sigue siendo la de libertad bajo fianza de 100.000 euros. No solicitó su ingreso en prisión, como se había especulado de forma insistente.
El 'caso Son Oms' protagonizó ayer una jornada maratoniana en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), ya que las cinco personas citadas iniciaron las declaraciones a las 10.00 horas de la mañana, y las finalizaron pasadas las cuatro de la tarde.
Cuatro de los citados comparecieron en calidad de imputados: Vicens, su esposa Antònia Martorell, la administradora de Metalumba Elizabeth Diéguez y el empresario Juan Gea Ortega. El quinto, Pedro Salom, declaró como testigo ya que es acusación particular en la causa.
El magistrado instructor Antoni Capó, miembro de la Sala de lo Civil y Penal del TSJB, investiga el 'caso Son Oms' debido a la condición de aforado de Vicens. Ayer, había citado a imputados y testigos para aclarar una de las piezas separadas de la causa, que en principio se declaró secreta, como es las distintas operaciones inmobiliarias realizadas por Vicens y el Grupo Gea. Al final, no obstante, el juez, el fiscal y los abogados personados ampliaron el interrogatorio hasta situarlo en la compraventa de parcelas en el polígono palmesano de Son Oms, que fue el origen de la causa. Vicens, según explicó una de las acusaciones, rehusó contestar a las preguntas sobre varios ingresos de dinero en efectivo en su cuenta del BBVA y se acogió a su derecho constitucional de mantener silencio. Los ingresos fueron realizados a través de su sociedad Metalumba.
En cambio, sí explicó con todo detalle la frustrada compra de oficinas en el polígono Son Castelló con el padre de los Gea, número 3 de UM en la década de los noventa y fallecido hace un año.
Según el abogado de Vicens, Eduardo Valdivia, su cliente aclaró todas las dudas sobre sus relaciones comerciales con Vipasima y se mostró «muy convincente».
Antónia Martorell y Elizabeth Diéguez, en cambio, se acogieron a su derecho de no declarar.
Juan Gea Ortega, defendido por el letrado Juan Luis Matas, se ratificó en lo que ya había declarado ante la Policía Nacional, y reiteró que Vicens, a través de la sociedad Metalumba, firmó un contrato de compraventa de oficinas con Vipasima, que luego se varió al de alquiler con opción de compra, hasta que, finalmente, se anuló debido a que no se abonaron las mensualidades acordadas. Gea Ortega está imputado por la supuesta comisión de los delitos de cohecho y falsedad documental.
Uno de los denunciantes dentro del caso Son Oms que ejerce como acusación particular, Pedro Salom, afirmó ante el magistrado instructor, que le pidieron «una derrama para agilizar trámites ante el Ayuntamiento de Palma», presuntamente por parte de los principales promotores del área industrial durante el proceso de recalificación del polígono palmesano, entre los que se encontraría el imputado Jaime Montis.
Así lo manifestó su abogado, Sebastià Vidal, en declaraciones a los medios a la salida de la Audiencia Provincial de Palma, pese a que el letrado eludió profundizar en torno a la comparecencia de su defendido, que fue citado como testigo.
No obstante, puntualizó que «lo que se sabe es que le fue solicitada una cantidad, pero no si finalmente se hizo efectiva». «Ha relatado las cosas tal como ocurrieron», enfatizó Vidal a Europa Press. El 'caso Son Oms' investiga una supuesta trama de corrupción con la compraventa de parcelas en ese polígono de Palma al principio de la década de los noventa.
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