En el auto de pase a procedimiento abreviado, trámite previo a la presentación de acusaciones, el titular del juzgado de instrucción número 8 de Palma, subraya «el estado de corrupción sistémica existente en la Autoridad Portuaria de Balears, al menos durante los periodos» en que presidieron el órgano de gestión de los puertos estatales de las islas el citado Triay (2007-2011) y Joan Verger (2003-2007), antiguo político del PP ya fallecido.
El juez del llamado caso Mar Balu afirma en su escrito que no tiene dudas de que los presuntos delitos acreditados en su investigación son «una ínfima parte de los delitos realmente cometidos».
En el centro de la trama el instructor sitúa a Ángel de Matías, director en los citados mandatos de la Autoridad Portuaria de Balears, quien entre 2005 y 2007, junto con Verger, ofreció de forma secreta a los responsables del Club Marítimo de Maó alterar el concurso público para la adjudicación de puestos de amarre en el Muelle de Levante del puerto menorquín.
Tanto el presidente como el director del organismo público, señala el magistrado, propusieron al presidente del club mahonés, Luis Barca, una «solución» para eludir el resultado real del concurso, en el que la sociedad marítima había tenido mal resultado.
La manipulación consistió, presuntamente, en un acuerdo entre el Club Marítimo de Maó y la empresa ganadora del Concurso, Trapsa Yates, propiedad del hoy encarcelado Díaz Ferrán y de su socio, el también fallecido Gonzalo Pascual.
El pacto suponía que Trapsa renunciaba a los amarres de Maó a cambio de una compensación por parte del Club Marítimo a través de otra empresa de Díaz Ferrán y Pascual, así como de la adjudicación de otro concurso en el puerto de Ibiza.
Cuando en 2007 Verger cesó como presidente de la Autoridad Portuaria, Triay le sucedió en el cargo y en la supervisión del acuerdo ilegal con las citadas entidades, sostiene en su relato el juez, que señala también como intervinientes en el amaño a directivos de las empresas involucradas.
Otro de los hechos que el instructor pone de manifiesto el instructor es la concertación de Verger, De Matías y otro empleado de la Autoridad Portuaria ya fallecido, Amado Justo, para adjudicar de forma irregular un contrato de asistencia técnica por un importe hinchado.
Además, relaciona la trama corrupta con la compra de dos pisos en el Portitxol por parte de De Matías y Justo que sospecha que fue el pago de favores a la empresa constructora. Este último, además obtuvo un apartamento en Formentera en compensación por informaciones privilegiadas referidas a una adjudicación en el puerto de La Savina.
El instructor aprecia indicios de delitos continuados de alteración de precios en concursos y subastas públicas, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias y cohecho, asó como de pertenencia a organización criminal.
Considera que son susceptibles de ser acusadas 13 personas y concede diez días a la Fiscalía y las acusaciones particulares para que presenten escritos de acusación y pidan la apertura de juicio o, por contra insten al sobreseimiento de la causa.
No obstante, deja abierta la posibilidad de que pidan nuevas diligencias de investigación si las consideran imprescindibles.
2 comentarios
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Y del del Puerto de Palma y STP y Marina port de Palma y de Juan Antonio Riutort, y de sus capos en la sombra, ya ni palabra? Que poder tienen...
¿Eso de "propone juzgar" no se llama imputa? Es para no empezar a emputarnos con los rodeos.