El análisis, llevado a cabo por el doctor de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) José Luis Groizard y hecho público hoy por el Govern, recuerda que esos 800 millones de euros son el coste que supone para los consumidores la carestía de los productos y servicios ligada directamente a la condición insular de la región.
«Una política sobre la imposición al consumo es el mejor instrumento para compensar a los consumidores por este sobrecoste», concluye el autor del estudio, que recuerda que tanto Francia Como Grecia mantienen tipos impositivos diferenciados en sus territorios insulares no periféricos.
Señala además que en Canarias, Ceuta y Melilla se aplican tipos del IVA menores que los del resto del país «por razones de insularidad y ultraperificidad».
Por ello propone en Baleares una rebaja «uniforme en todos los tipos, general reducido y superreducido, que respetaría los límites mínimos establecidos para el tipo general y el tipo reducido», situados respectivamente en el 15 y el 5 %.
Aparte de la compensación del sobrecoste directo de la insularidad sobre los bienes de consumo, el informe del experto de la UIB recoge otras muchas medidas paliativas del resto de costes, que, de acuerdo a un análisis de 2014, cifra en 900 millones de euros anuales en la producción de las empresas, 1.500 millones en la adquisición de bienes de capital y 4.000 millones en el acceso a mercados de exportación.
La conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas señala en la nota de prensa difundida con motivo de la publicación del informe que el sobrecoste total anual de la insularidad se cifra en unos 8.000 millones de euros, ya que también hay que tener en cuenta el del desplazamiento de personas y la provisión de servicios públicos.
El análisis recoge propuestas reiteradas como la cogestión de los aeropuertos y la flexibilización de sus tasas, un nuevo modelo de subvención de los billetes a residentes que desincentive el encarecimiento de los pasajes.
También hay medidas en el ámbito del transporte de pasajeros por vía marítima, de mercancías, con especial atención a los hidrocarburos, y de residuos, y se reclama la creación de una reserva de inversiones para el archipiélago.
Asimismo, propone la constitución de un fondo de insularidad complementario de las inversiones ordinarias del Estado que aportaría «recursos adicionales relacionados con le hecho y la problemática insular».
La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, ha definido el estudio de la UIB como «una herramienta más, muy válida, para continuar reclamando el nuevo Régimen Especial de Baleares (REB)».
2 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
Y esto lo debería hacer el Govern con sus funcionarios.
¡Fiate tú de la UIB y sus 'doctorcillos'!