Javier, Álvaro, Alfonso, José María, Pablo y Zoilo deberán asistir a la vista convocada a las 10.00 horas por la sección primera del tribunal provincial, que ha admitido la solicitud de Anticorrupción. Los dos primeros cumplen en la actualidad penas de prisión.
La Audiencia de Palma condenó a principios de mes a los seis hermanos a una condena que suma en total 37 años y 11 meses de cárcel y 489.000 euros de multa por estafa agravada y alzamiento de bienes en la compra de los hoteles Beverly Playa Paguera (Mallorca) y Beverly Park Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas).
El tribunal fijó también una indemnización de 46,45 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil, que deberán abonar a los 16 afectados.
La condena de prisión más elevada fue para Javier Ruiz-Mateos, a 6 años y 6 meses de prisión. A continuación, las penas más altas fueron para Álvaro y Alfonso, a 6 años y 5 meses de prisión cada uno, a José María y Pablo a 6 años y 4 meses, y por último Zoilo, el mayor de los hermanos, a 5 años y 11 meses.
La sentencia considera probado que los Ruiz-Mateos fingieron una solvencia que no tenían para convencer a los dueños de los hoteles de que se los vendieran.
Los acusados ofrecieron garantías y avales personales y también como coadministradores de algunas empresas relevantes y aparentemente de las más solventes del Grupo Nueva Rumasa, que según el tribunal «eran totalmente ineficaces e ilusorios» porque los acusados «carecían de patrimonio».
Según el tribunal, los seis hermanos tejieron «una tela de araña» empresarial y un marco de «confusión y ocultación» para negar en el juicio cualquier función directiva en Nueva Rumasa y atribuir las decisiones a su padre, cuando su papel en la compraventa de los hoteles fue «más allá del simple cumplimiento de las ordenes supuestamente dadas por su padre, y más allá de su condición de meros 'mandados' de su padre sin capacidad de decisión alguna».
Consideran probado que «tuvieron una participación activa y decisiva en esas negociaciones».
La compra se formalizó a finales de 2008 y el mismo día que se firmaron las escrituras, constituyeron varias hipotecas sobre los hoteles y préstamos. Los acusados cumplieron los pagos de los contratos de compraventa hasta abril de 2010. Luego dejaron una deuda a los accionistas de 46,45 millones.
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