La Policía detuvo a una mujer que hirió en el cuello clavándole un bolígrafo e inmovilizó a una médica del centro de salud, a la que obligó bajo amenazas a extenderle la receta de un medicamento.
La Conselleria de Salut ha expresado en un comunicado su repulsa ante «cualquier agresión, verbal o física, a los profesionales del sistema sanitario público» y señala que se ha activado «el protocolo previsto en estos casos para ofrecer asistencia sanitaria y apoyo jurídico y psicológico a la profesional afectada».
«Desde la reforma del Código penal (marzo de 2015), el personal del sistema sanitario público tiene la consideración de autoridad pública y prevé una pena de hasta cuatro años de prisión para el agresor. El Servicio de Salud exigirá el máximo rigor en la aplicación de la ley», indica el departamento que dirige Patricia Gómez.
La directora asistencial del Servicio de Salud, Eugenia Carandell, ha expresado, en nombre del Ib-Salut, su «enérgica condena» a la agresión: «La violencia nunca es la solución y nunca sirve para mejorar ni mucho menos la atención», ha asegurado al comienzo de la rueda de prensa semanal sobre la situación epidemiológica y de vacunación.
También se ha referido a la agresión el portavoz del Comité de Enfermedades Infecciosas, Javier Arranz, que ha expresado su apoyo y su cariño para la coordinadora del centro de salud donde trabajó hasta hace poco, que fue su superior, y a quien ha descrito como una excelente profesional.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, se ha sumado al rechazo: «Mi total condena. El personal sanitario nos cuida, nos protege, nos salva. Defender a nuestros profesionales y tomar medidas ante quien los pone en riesgo es nuestra responsabilidad como sociedad», ha tuiteado y ha mandado un abrazo a la doctora.
El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha lamentado y condenado la agresión y ha advertido de que, aunque la administración ha puesto en marcha actuaciones para frenar las agresiones, «los ataques a los profesionales sanitarios en su puesto de trabajo continúan produciéndose». El responsable de SAE en Baleares, Daniel Torres, considera necesario «que todos los agentes implicados tomen conciencia de la gravedad de este tipo de actos violentos y actúen en consecuencia».
El presidente del sindicato médico de Baleares Simebal, Miguel Lázaro, ha lamentado en Twitter que «sigue la violencia sanitaria en Atención Primaria, ante el nihilismo de la gerencia».
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