El recurso considera arbitrario que se prohíba fumar en terrazas aún con distancia y no en la calle. | Alejandro Garcia

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«Ostento legitimación activa por desgraciadamente ser adicto al consumo de tabaco desde los 16 años y tengo 65». El abogado inquer Gabriel Mayol ha presentado un recurso de reposición al Govern contra la prohibición de fumar en terrazas. El letrado muestra su indignación por la medida: «Si en la calle se puede fumar manteniendo una distancia de dos metros, no existe motivo alguno para que no se pueda hacer en una terraza manteniendo esa misma distancia como ocurre en otras comunidades autónomas», dice en su escrito.

Según explica, ha presentado el recurso por indignación personal por la medida y porque «nadie hace nada». En su recurso considera que el Govern ha aprovechado la COVID-19 para sortear la ley antitabaco que sí permite fumar en las terrazas lo que, a su juicio, supone una desviación de poder. Añade: «El consumo de tabaco no está prohibido y tampoco su venta». También considera contraproducente la restricción porque resta un incentivo a los fumadores para permanecer en las terrazas en lugar de en el interior de los locales, «incrementando así el riesgo de infección dado que aumenta el número de personas dentro».

Otro de los argumentos de Mayol es que la medida supone un atentado a la dignidad de los fumadores obligados a «levantarse de su silla para simplemente situarse en la acera para fumar, lo que hace más evidente su condición de adicto». El recurso denuncia que la restricción, que se mantiene desde hace más de año y medio supone una arbitrariedad «al establecerse sin ninguna base científica concluyente y choca con que sí se permite fumar cuando no estás en la terrazas». El Govern puede responder con el silencio esta reclamación y, a partir de ahí, Mayol se plantearía si judicializa el recurso mediante un recurso contencioso administrativo.

El apunte

Las tabaqueras ya intentaron combatir la medida

Altadis, la compañía sucesora de Tabacalera, ya impulsó un recurso contra la prohibición ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears. Sin embargo, los magistrados no entraron en el fondo del asunto ya que entendieron que la empresa carecía de legitimidad para recurrir las medidas sanitarias de forma directa y, por lo tanto, fue desestimado.