Neus Truyol, en una imagen de archivo. | P. Pellicer

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La regidora de Urbanisme y antigua responsable de Emaya, Neus Truyol, afirmó que detrás del auto del Juzgado de Instrucción 12 que la procesa por un delito ambiental «hay intereses políticos». La edil compareció este martes para defender su gestión en torno a los vertidos de aguas fecales a la Bahía de Palma. Truyol, en este sentido, recordó todas las actuaciones que ha hecho el Pacte desde el 2015 para evitar el problema de los vertidos, como cerrar las playas cuando había vertidos y conseguir financiación para la nueva depuradora. Aseguró que con la judicialización del tema «se perjudica a la democracia» y se autodefinió como «una víctima de una persecución política».

La regidora, que hizo las declaraciones acompañada de los portavoces del grupo municipal socialista, Francisco Ducrós, y de Podemos, Alberto Jarabo, anunció que no tiene pensado dimitir, que cuenta con el respaldo de su partido, Més, y del Pacte que gobierna en Cort. También confirmó que ya han puesto un recurso para evitar el citado juicio oral en el que estaría imputada. Asimismo, la edil se preguntó por qué el juez no investiga a los equipos anteriores, «que no hicieron nada por arreglar el problema de los vertidos» y sí a los dirigentes que, señaló, «se han preocupado por arreglar el tema y han sido transparentes cerrando playas y avisando a la población cuando ha habido vertidos. Nosotros nos hemos preocupado por la salud de las personas, hemos trabajado mucho para solucionar el tema y ahora nos vemos en un proceso judicial debido a las presiones de ciertos sectores políticos y económicos», aseguró.

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El auto judicial, avanzado este martes en exclusiva por Ultima Hora, supone el inicio de los trámites para juzgar a Truyol, a la exgerente de Emaya, Inma Mayol, y a varios directivos de la empresa pública. El magistrado sostiene que ninguno de ellos «actuó eficazmente para evitar la continuidad de los vertidos» cuando podían hacerlo desde la empresa pública, a la que atribuye un papel de garante «de que dicho resultado no se produjera». Señala que los vertidos se habían investigado ya por Fiscalía en 2016 y que esas diligencias se cerraron. Sin embargo, se abrió otra causa en 2018 tras una denuncia de un particular. La Guardia Civil elaboró un nuevo atestado en el que se constataba que los vertidos se habían seguido produciendo sin un nuevo emisor ni una nueva depuradora.

Esos vertidos, según el auto judicial, «causaron un daño sustancial a la calidad de las aguas o plantas, supusieron además un perjuicio grave para el equilibrio de los sistemas naturales y un grave riesgo para la salud de las personas». La resolución extiende la posible responsabilidad por lo ocurrido a Emaya y al propio Ajuntament de Palma por su «obligación de hacer».