Imagen de archivo de los terrenos de Son Bordoy | T. AYUGA

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Fbex, la promotora del edificio de València calcinado, compró el 50 por ciento de los terrenos de Son Bordoy (en la parte interior del Molinar) a la promotora-constructora mallorquina Grupo Garbal en situación de quiebra y en pleno proceso de refinanciación de su deuda. Ambas empresas tenían previsto desarrollar en este solar una urbanización con 191 viviendas y 25.000 metros de superficie comercial y recreativa. No transcendieron las cantidades de la operación.

La compra por parte de Fbex se hizo pública en agosto de 2008 y en noviembre, apenas tres meses después, la inmobiliaria logró evitar el concurso de acreedores al refinanciar su deuda de 600 millones de euros con la banca. Entonces, consiguió extender tres años el vencimiento del principal, pero debía seguir pagando los intereses.

Precisamente entre marzo y noviembre de 2008, Fbex había logrado reducir su deuda y el número de entidades financieras acreedoras mediante ventas de pisos, inmuebles y terrenos con los que fue cancelando compromisos de pago.

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Apenas dos años después, en mayo de 2010, la inmobiliaria Fbex presentó concurso de acreedores en el Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona, con una deuda de 640 millones de euros y con las entidades financieras Caixa Catalunya, Caja del Mediterráneo, Caixa Penedès y Sa Nostra como principales acreedoras.

Ante la situación de quiebra de Fbex y el Grupo Garbal, Sa Nostra subrogó unos créditos vinculados a los terrenos de Son Bordoy al grupo promotor Martín Gual con el objetivo de que éste realizara el desarrollo urbanístico y sustituyera así a los anteriores deudores porque éstos tenían problemas económicos que podrían ser muy graves para la entidad.

Gual consiguió grandes avances en la urbanización y logró elevar la edificabilidad en Son Bordoy, Sin embargo, tras el hundimiento de Sa Nostra y la asunción de esos activos por otras entidades, se paralizó la actividad y se computaron como agujero millonario. La Abogacía del Estado reclamaba por estos hechos una indemnización de unos cuarenta millones de euros. En el juicio contra los ex directores generales de de Sa Nostra, la Audiencia Nacional les exculpó de cualquier delito en las operaciones de financiación del grupo Martín Gual.