La Autoritat Portuària retrasa el sí a la ampliación del puerto de Palma tras un aviso de Madrid

Aunque el Consejo de Administración tiene mayoría de cargos nombrados a propuesta del PP, también se sientan representes de la Administración estatal. Según ha confirmado este diario, fueron estos quienes informaron de que la ampliación quedaría bloqueada desde el Gobierno estatal si el acuerdo no se tomaba por consenso, que fue lo que sucedió con la ampliación que había quedado aprobada antes del cambio de Govern y a la que ayer se dio marcha atrás. En principio, se había planteado que ante las denuncias del PSIB, el asunto se excluyera del orden del día. Y así parecía estar pactado. Sin embargo, la propuesta de ampliación, que la APB y el propio Govern llaman de reordenación, no cayó del orden del día y fue defendida durante casi una hora por dos de los asistentes, entre ellos el portavoz del gobierno municipal de Palma y representante del Ajuntament, Javier Boned. Hay hasta cuatro voces, incluidas las de asesores jurídicos, de la Administración del Estado en el consejo de la Autoritat Portuària.

El proyecto de ampliación, del que había informado ampliamente este periódico el 18 de mayo después de que lo adelantara la publicación digital Gaceta Náutica, incluye una holgada zona de ocio, además de nuevos espacios para amarres, un área para la reparación de yates y un dique para el atraque de petroleros. El miércoles fueron los portavoces del PSIB en el Parlament y Cort, Iago Negueruela y Xisco Ducros, quienes informaron de que la propuesta del inicio del proceso se ampliación se iba a llevar a la reunión del día siguiente sin ningún debate previo y sin que apenas se hubiera informado. Y consideraron que era una contradicción evidente con la propuesta de poner límites al turismo y abrir una mesa sobre la sostenibilidad de las Islas.

Según el relato que hizo Negueruela, y que este miércoles reiteró antes de conocer el resultado de la reunión, más allá de las intenciones que oculta el proyecto, este tiene una dimensión ambiental inasumible. Afirmó que la ampliación equivale a 20 campos de fútbol y que se precisaría tierra de «diez montañas de Mallorca». Según el la información recogida por este diario después de la reunión del consejo, esa fue la vía que se apuntó desde la parte estatal del organismo: que no se concederían los informes de impacto ambiental. Aunque un decreto que se aprobará el martes en el Parlament anula la Comisión Balear de Medio Ambiente y se eliminan órganos de control, estos se mantienen en el Gobierno estatal y los puertos del Estado son su competencia, como sucede con los aeropuertos. El Govern propone quien preside el organismo pero es el Ministerio de Fomento quien no nombra.

Estudios y proyectos

Ya antes del inicio de la reunión se habían realizado gestiones, también desde la Delegación del Gobierno, para que el asunto se retirara del orden del día a la espera de un mayor debate, por ejemplo en la mesa por la sostenibilidad. La reunión empezó con este asunto sobre la mesa, era el 21 del orden del día, formalmente redactado como un acuerdo para «la redacción de estudios y proyectos». Como paso previo se desistió de continuar con proyectos vinculados a la ampliación ya acordada. Durante la reunión se advirtió de que eso podría suponer el cambio del plan de ordenación. El Ajuntament sí está dispuesto a eso.

En la habitual ronda de comparecencias de portavoces de los grupos políticos, Sebastià Sagreras (PP) mantuvo un perfil bajo sobre este asunto y se remitió en todo momento a lo que expresó el día anterior la Autoritat Portuària. Negueruela (PSIB) y Lluís Apesteguia (Més) sí fueron muy críticos. Este recordó que, en última instancia, la decisión estaba en manos del Estado. Negueruela insistió en que el proyecto no partía del Estado. Lo aceptará si se presenta por consenso. El asunto se verá en un mes.