Imagen del ministro de Planificación, Gabriel Obiang, en una comparecencia en el Senado, difundida por la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial. | Agencias

TW
2

El juzgado de Instrucción que investiga una presunta operación de blanqueo de capitales vinculada al ministro de Planificación y Diversificación Económica, Gabriel Mbega Obiang, extiende la investigación a un posible delito fiscal.

El órgano judicial ha encargado a la Agencia Tributaria un informe para valorar si se omitieron el pago de impuestos ya fuera en la adquisición de propiedades en Mallorca o en el sucesivo flujo del dinero que fue desviado, según la investigación por un empresario holandés radicado en la Isla.

La magistrada a cargo de la investigación ha citado ya a algunos de los imputados para tomarles declaración. Sin embargo, los últimos citados se acogieron a su derecho a no declarar, a la espera de que se agote la investigación por un posible delito fiscal. Estos encausados habrían participado en operaciones económicas junto con el principal investigado, pero con un papel menor.

Noticias relacionadas

La operación Run out ha sido desarrollada por la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en colaboración con Europol y la policía de Portugal. En ella se llevaron a cabo dos detenciones y hay ocho personas investigadas. El juzgado analiza si un movimiento de once millones de euros proviene de un soborno cobrado por uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang a cambio de otorgar un contrato para la construcción de un edificio oficial a una empresa portuguesa. De hecho, la investigación española se desarrolla en paralelo a la que mantiene las autoridades lusas por un posible delito de corrupción en los negocios.

En España se sigue la pista del dinero. Los fondos del cohecho habrían sido recibidos en Cabo Verde y abonados a una sociedad vinculada con el empresario holandés afincado en Mallorca. Desde el país africano el dinero fue desviado a través de varias sociedades a través de Holanda y España hasta Malta.

Entre los bienes investigados por el juzgado de Instrucción de Palma está una vivienda de lujo situada en Son Gual, propiedad del empresario holandés investigado. Esta residencia fue registrada durante la investigación.