La jefa de los inspectores de sanidad declara que Cárnicas Vicente era «un problema de salud pública»

Vicente Torrandell, para quien la Fiscalía y el Govern reclaman una condena de dos años de prisión, está acusado de alterar el etiquetado de sus productos para rebasar la fecha de caducidad. Su explicación en el juicio es que cumplía con la normativa dado que compraba género fresco y luego lo congelaba, lo que extendía el margen de caducidad y lo convertía en consumo preferente. Luego, cuando lo descongelaba para servirlo, se etiquetaba con la fecha de caducidad de nuevo.

En su declaración insistió en que tenía clientes «de gran categoría» y que nunca se quejaron por su género. Aporta para respaldarlo cartas firmadas por restaurantes de la Isla, algunos con estrella Michelín. Señaló que disponía de permisos para congelar carne y otros alimentos y que, cuando sufrió la inspección que cerró su establecimiento, estaba a punto de trasladarse a otra nave industrial en Marratxí. Justifica que ese traslado era el momento en el que hubiera destruido tanto el género caducado como el que consideraba que no tenía la calidad suficiente para sus clientes. La funcionaria insistió en su testifical que sí existía un riesgo para la salud pública porque incumplía con los protocolos reglados. Carecía, por ejemplo, de un plan de actuación aprobado por el Govern. Otra de las prácticas cuestionadas fue la descongelación de piezas de carne en agua caliente. Muy peligrosa, según la funcionaria. «Si estaba caliente o no es algo relativo», dijo el acusado.