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El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, se congratuló ayer de la ilegalización de la organización juvenil Haika al tratarse de una «escuela de terroristas», mientras que EH anunció que recurrirá la decisión del juez Baltasar Garzón por ser una «invención» suya.

El portavoz de EH, Arnaldo Otegi, dijo que la ilegalización «no se ajusta a derecho, ni a la realidad, ni a los documentos e informes que obran en las actuaciones» y agregó que la resolución no ha sorprendido a su formación por ser «un paso más en la larga cadena de absolutos disparates jurídicos con los que probablemente pretenden crispar la situación y no resolver ningún problema». «¿Qué clase de democracia es ésta en la que un juez extranjero ilegaliza una organización que moviliza a miles de jóvenes, los cuales corren el riesgo de ser detenidos, encarcelados y torturados?», señaló Otegi.

EH anunció que recurrirá el auto que declara la «ilicitud» de Haika por entender que se trata de «una invención del juez, basada única y exclusivamente en informes policiales, que no están obtenidos con las garantías legales», en palabras de la abogada y candidata de esta formación, Jone Goirizelaia.

Mariano Rajoy opinó que la decisión del juez constituye una «excelente noticia para la inmensa mayoría, por no decir todo el conjunto de la sociedad española, que quiere que cada vez se luche con mayor contundencia, claridad y eficacia contra el terrorismo». Insistió en que ETA «no es sólo el comando que mata o asesina», sino un «amplio entramado» del que forman parte muchas otras organizaciones. Según Rajoy, «Haika es una escuela de terroristas» y recordó que muchos de los etarras detenidos en los últimos tiempos habían pertenecido anteriormente a la organización juvenil.

El candidato del PP a lehendakari, Jaime Mayor Oreja, expresó «el mayor de los respetos» a la decisión y señaló que «es la confirmación de que el Estado de Derecho funciona». El presidente del PP en Euskadi, Carlos Iturgaiz, dijo que «las leyes deben dar comodidad a los demócratas e incomodar a los terroristas y a sus cómplices».

Desde las filas socialistas, Jesús Caldera consideró la decisión «adecuada», al tiempo que mostró su alegría por el hecho de que «la Administración de Justicia responda con contundencia en defensa del Estado de Derecho». La europarlamentaria Rosa Díez afirmó que la ilegalización de Haika no se produce en un momento «inoportuno» ya que «la Justicia no debe estar nunca en tregua».