El Gobierno acordó ayer incorporar a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) los títulos representativos del
capital de la naviera Trasmediterránea, así como el traspaso de
otras ocho empresas públicas, todas adscritas a la Dirección
General de Patrimonio del Estado, con el fin de iniciar su proceso
de privatización.
Durante la reunión del Ejecutivo presidido por José María Aznar,
se decidió incorporar a la compañía Trasmediterránea dentro de la
SEPI para iniciar así su proceso de privatización, aunque, según
admitió la propia compañía, aún no se ha elegido el método que se
va a seguir para cambiar el modelo. La valoración de la naviera se
sitúa por encima de los 50.000 millones de pesetas. Actualmente, la
compañía de transportes se está revalorizando debido al plan de
renovación de su flota, en el que se ha invertido en torno a 60.000
millones de pesetas.
Además de Trasmediterránea, se acordó el traspaso de otras ocho
empresas públicas. Estas son la Agencia EFE, Alimentos y Aceites,
Compañía Española de Tabaco en Rama, Empresa para la Gestión de
Residuos Industriales, Empresa Nacional de Autopistas, Expasa
(Agricultura y Ganadería), Minas de Almadén y Arrayanes y la
Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPA).
Así, también se incorporan a SEPI las participaciones
minoritarias que la Dirección General de Patrimonio tiene en Axis
(Sociedad de Capital y Riesgo) y en BEX Cartera (Sociedad de
Inversión Inmobiliaria). Este acuerdo, el primero al que se llega
después de la modificación de la Ley del Patrimonio, tiene como fin
abordar los procesos de reestructuración o privatización de estas
empresas.
De este modo, se incorporan al holding presidido por Pedro
Ferreras sociedades que deben abordar procesos de reestructuración
o ser privatizadas, «aprovechando la experiencia de SEPI en estas
situaciones», señaló el ministro Portavoz, Pío Cabanillas. Además,
el Ejecutivo quiere configurar Patrimonio como propietario de
participaciones de empresas instrumentales que ejecutan políticas
públicas. Este nuevo paquete de reformas de la empresa pública, que
dirige y lleva a cabo el Ministerio de Hacienda, supone «impulsar
la política de privatizaciones y los profundos procesos de
liberalización que caracterizaron la pasada legislatura, así como
una política de reestructuración empresarial que optimice la
utilización de los recursos disponibles en SEPI y en
Patrimonio».
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