La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
acordó ayer que se investigue «con la máxima urgencia» a los jueces
y funcionarios de los Juzgados en los que han desaparecido
expedientes relacionados con el alcalde de Marbella (Málaga), Jesús
Gil, y pedir a la Junta de Andalucía que refuerce la seguridad de
estas dependencias judiciales. Según informó en conferencia de
prensa el vicepresidente del CGPJ, Luis López Guerra, la Comisión
Disciplinaria de este máximo órgano de Gobierno de los jueces se
encargará de la investigación de los titulares de los Juzgados
afectados, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía analizará la responsabilidad referente a secretarios
judiciales, funcionarios y agentes.
Luis López Guerra explicó que la Comisión Permanente remitirá el
informe elaborado por los inspectores del CGPJ desplazados a los
Juzgados de Marbella a la Comisión Disciplinaria, al Tribunal
Superior de Justicia y al Juzgado de Marbella donde se investiga
penalmente esta sustracción. El Consejo destacó la gravedad de los
hechos producidos y la falta de un precedente de sustracción «de
esta entidad de documentos en un órgano judicial», por lo que
destacó la necesidad de que exista colaboración entre las
instituciones y organismos a los que afecta este tipo de
actuaciones «sin que ninguno de ellos pueda eludir su
responsabilidad».
Tras estudiar detenidamente el informe de los inspectores -que
tiene más de 50 páginas de texto y está acompañado de documentos-,
López Guerra explicó que no detalla ningún nombre como presunto
autor de la sustracción y destrucción de expedientes «ni la
posibilidad de localizar inmediatamente la responsabilidad de una
persona», por lo que no se puede hacer una imputación
individualizada.
Por ello, el Consejo considera necesario que se investigue en
los órganos competentes la actuación de todos sus componentes,
porque indicó que «de un informe inicial no pueden deducirse
inculpaciones concretas, pero tampoco exculpaciones de nadie» por
«acción u omisión», ya que recordó que los primeros «borrados» se
produjeron entre el 4 y 5 de julio y las actuaciones judiciales se
iniciaron el 10 de agosto.
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