El Poder Judicial ordena investigar a jueces y funcionarios de Marbella

Reclama que se refuerce la seguridad en las dependencias judiciales

| Madrid |

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Nunca vista

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer que se investigue «con la máxima urgencia» a los jueces y funcionarios de los Juzgados en los que han desaparecido expedientes relacionados con el alcalde de Marbella (Málaga), Jesús Gil, y pedir a la Junta de Andalucía que refuerce la seguridad de estas dependencias judiciales. Según informó en conferencia de prensa el vicepresidente del CGPJ, Luis López Guerra, la Comisión Disciplinaria de este máximo órgano de Gobierno de los jueces se encargará de la investigación de los titulares de los Juzgados afectados, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía analizará la responsabilidad referente a secretarios judiciales, funcionarios y agentes.

Luis López Guerra explicó que la Comisión Permanente remitirá el informe elaborado por los inspectores del CGPJ desplazados a los Juzgados de Marbella a la Comisión Disciplinaria, al Tribunal Superior de Justicia y al Juzgado de Marbella donde se investiga penalmente esta sustracción. El Consejo destacó la gravedad de los hechos producidos y la falta de un precedente de sustracción «de esta entidad de documentos en un órgano judicial», por lo que destacó la necesidad de que exista colaboración entre las instituciones y organismos a los que afecta este tipo de actuaciones «sin que ninguno de ellos pueda eludir su responsabilidad».

Tras estudiar detenidamente el informe de los inspectores -que tiene más de 50 páginas de texto y está acompañado de documentos-, López Guerra explicó que no detalla ningún nombre como presunto autor de la sustracción y destrucción de expedientes «ni la posibilidad de localizar inmediatamente la responsabilidad de una persona», por lo que no se puede hacer una imputación individualizada.

Por ello, el Consejo considera necesario que se investigue en los órganos competentes la actuación de todos sus componentes, porque indicó que «de un informe inicial no pueden deducirse inculpaciones concretas, pero tampoco exculpaciones de nadie» por «acción u omisión», ya que recordó que los primeros «borrados» se produjeron entre el 4 y 5 de julio y las actuaciones judiciales se iniciaron el 10 de agosto.

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