La decisión de Cardenal supone la aceptación de la petición que el
fiscal jefe de la Subsección de Vargas, José Aranda, dirigió el
pasado 25 de julio a la Fiscalía General, en la que reclamaba el
cambio de destino de su subordinado por haberse establecido entre
ambos «una clara incompatibilidad» debido al 'caso Ercros'. En su
escrito Aranda relató cómo, a partir de la asignación del 'caso
Ercros' a Vargas, entre ambos surgieron «reiteradas diferencias de
criterio» desde marzo de 2000, al no aceptar el fiscal jefe el
proyecto de dictámen de Vargas.
En torno a la imputación de Piqué, Luzón recuerda que esta
posibilidad fue aprobada mayoritariamente por sus compañeros, pero
al nos ser compartida por Aranda, este último asumió, previa
consulta y asentimiento del fiscal general, el despacho del mismo,
que se produjo el 3 de abril de 2000, y que no advertía indicios
suficientes contra el ministro.
El decreto prosigue señalando que este año Vargas elaboró otro
proyecto de dictamen, apoyado por la mayoría de sus compañeros en
el que volvía a proponer citar a Piqué como imputado, y cuyo
borrador también rechazaría Aranda. Ante la muestra de las
incompatibilidades y admitido este decreto, a partir del próximo
día 13 Vargas desempeñará sus funciones en la Sala de lo Penal del
Supremo, en la subsección que dirige Eduardo Torres-Dulce.
Por su parte, Piqué, además de mostrar el «escrupuloso respeto»
que siente ante esta decisión, quiso dejar claro que las
impresiones que guarda sobre la decisión de Cardenal no significan
un cambio en sus opiniones respecto a la justicia, puesto que,
según afirmó, tiene el mismo punto de vista que cuando comenzó el
proceso. «He respetado siempre escrupulosamente las decisiones de
la administración de justicia». Desde el PSOE, Jesús Caldera señaló
que la iniciativa tomada por Cardenal no ha sido la más adecuada, y
supone una «decisión grave» motivada, a su juicio, por orden del
Ejecutivo al fiscal del Estado, hasta el punto de calificar a éste
último de «abogado defensor del Gobierno». Por este motivo, cree
que con este tipo de acciones los ciudadanos pierden la confianza
en la Justicia y cuestionan el afán investigador del Gobierno.
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