Piqué manifiesta su respeto por la Justicia ante esta iniciativa.

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La decisión de Cardenal supone la aceptación de la petición que el fiscal jefe de la Subsección de Vargas, José Aranda, dirigió el pasado 25 de julio a la Fiscalía General, en la que reclamaba el cambio de destino de su subordinado por haberse establecido entre ambos «una clara incompatibilidad» debido al 'caso Ercros'. En su escrito Aranda relató cómo, a partir de la asignación del 'caso Ercros' a Vargas, entre ambos surgieron «reiteradas diferencias de criterio» desde marzo de 2000, al no aceptar el fiscal jefe el proyecto de dictámen de Vargas.

En torno a la imputación de Piqué, Luzón recuerda que esta posibilidad fue aprobada mayoritariamente por sus compañeros, pero al nos ser compartida por Aranda, este último asumió, previa consulta y asentimiento del fiscal general, el despacho del mismo, que se produjo el 3 de abril de 2000, y que no advertía indicios suficientes contra el ministro.

El decreto prosigue señalando que este año Vargas elaboró otro proyecto de dictamen, apoyado por la mayoría de sus compañeros en el que volvía a proponer citar a Piqué como imputado, y cuyo borrador también rechazaría Aranda. Ante la muestra de las incompatibilidades y admitido este decreto, a partir del próximo día 13 Vargas desempeñará sus funciones en la Sala de lo Penal del Supremo, en la subsección que dirige Eduardo Torres-Dulce.

Por su parte, Piqué, además de mostrar el «escrupuloso respeto» que siente ante esta decisión, quiso dejar claro que las impresiones que guarda sobre la decisión de Cardenal no significan un cambio en sus opiniones respecto a la justicia, puesto que, según afirmó, tiene el mismo punto de vista que cuando comenzó el proceso. «He respetado siempre escrupulosamente las decisiones de la administración de justicia». Desde el PSOE, Jesús Caldera señaló que la iniciativa tomada por Cardenal no ha sido la más adecuada, y supone una «decisión grave» motivada, a su juicio, por orden del Ejecutivo al fiscal del Estado, hasta el punto de calificar a éste último de «abogado defensor del Gobierno». Por este motivo, cree que con este tipo de acciones los ciudadanos pierden la confianza en la Justicia y cuestionan el afán investigador del Gobierno.