La Presidencia española presentó ayer al comienzo del Consejo
Europeo de Sevilla un texto a los jefes de Estado y de Gobierno de
los Quince en el que, con el fin de acercar posturas con Francia y
Suecia, suaviza la posibilidad de sancionar a los países que no
colaboren de forma suficiente en el control de la inmigración
ilegal. Así por ejemplo se dice explícitamente que se tomarán
medidas sin poner en duda los objetivos de cooperación al
desarrollo.
El texto presentado ayer a los jefes de Estado plantea que en el
caso de que se constate «por unanimidad» una falta de cooperación
«no justificada» por parte de un país en la gestión común de flujos
migratorios, «el Consejo podrá adoptar conforme las reglas de los
Tratados, medidas o posiciones en el marco de la política Exterior
y de Seguridad Común y otras políticas de la UE respetando los
compromisos adquiridos por la Unión y sin poner en duda los
objetivos de cooperación al desarrollo».
Esto implica que cualquier decisión respecto a sanciones no
sería tomada únicamente por la Comisión sino por el Consejo de
Ministros, que deberá votar en una dirección unánimemente para que
se lleve a cabo. Además de esta cuestión en la reunión se abordarán
otros puntos como la posibilidad de limitar el reagrupamiento
familiar o la exigencia de visado a determinados países
latinoamericanos.
Sobre esta cuestión el delegado del Gobierno para la Inmigración
y la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda explicó que se estudia
reducir a 16 años la edad máxima de los hijos susceptibles de ser
reagrupados, «en función de que estén o no trabajando».
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