La banda terrorista ETA ha reaccionado inmediatamente al proceso de
ilegalización de Batasuna iniciado por parte del Parlamento y del
juez Baltasar Garzón, que ha suspendido todas las actividades de la
coalición abertzale, y lo ha hecho con la colocación de un
artefacto explosivo frente a los juzgados de Tolosa (Guipúzcoa).
Afortunadamente, la Ertzaintza fue avisada de su existencia, una
olla a presión con 5 kilos de cloratita y otros 5 de dinamita, y
logró explosionarlo de forma controlada sin que se produjera ningún
herido.
Según la versión de la Policía vasca, sobre las 22:30 horas del
lunes, el diario 'Gara' recibió una llamada anónima en nombre de
ETA advirtiendo de que una hora más tarde un artefacto explotaría
en el citado lugar. Entonces, la Ertzaintza fue avisada y procedió
a acordonar la zona y a desalojar las inmediaciones de los juzgados
y edificios como la Casa del Agua o el ambulatorio. Inmediatamente
después, los artificieros de la Policía Autónoma pusieron distintos
cebos al artefacto y lograron explosionarlo de forma controlada sin
que se produjeran grandes daños materiales. El cordón policial se
levantó a las 3:00 horas de la madrugada.
La bomba, compuesta de 10 kilos de explosivos, estaba acompañada
de un cordón detonante y un temporizador preparado para que
estallara a una hora determinada, a la hora exacta en la que la
banda terrorista lo accionara para provocar otra de sus
catástrofes. Los etarras no han tardado en actuar y, por supuesto,
lo han hecho con la violencia y tratando de sembrar el pánico
protestando por el cierre de los locales de Batasuna donde anoche
pernoctaron los cargos institucionales de la coalición.
En estas circunstancias, las condenas al atentado fallido no han
dejado de sucederse alo largo de la jornada. El PSE-EE lamentó lo
sucedido y abogó por «buscar la fórmula para estar lo más unidos
posible para actuar contra ETA y quienes le apoyan». Desde IU-EB
también se ha condenado el suceso. Para los jueces el atentado
responde a los mensajes que está lanzando Otegi en los últimos días
contra la legalidad española y esperan que, precisamente por esta
razón, se adopten con rapidez y prontitud medidas para proteger las
sedes judiciales del País Vasco.
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