El presidente fue preguntado sobre temas de actualidad.

TW
0

El proyecto de Estatut de Catalunya se modificará en su paso por las Cortes. Este es un hecho reiteradamente anunciado por el Gobierno y su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ayer ahondó en las modificaciones que serían necesarias en la reforma estatutaria antes de darle luz verde en el Congreso. Así, centrándose en materia de financiación, el jefe del Ejecutivo aseguró que se modificará porque el Estado «debe mantener sus impuestos, la recaudación de impuestos, colaborar y coordinarse con la hacienda autonómica». Mientras, el PP acusó al presidente del Gobierno de dedicarse exclusivamente al «autobombo», para dar una imagen de sí mismo y su Gobierno «a años luz» de la realidad de España.

En relación al término 'nación', reiteró su convencimiento de que en la inmensa mayoría de catalanes cohabitan los sentimientos identitarios catalán y español, por lo que eso debe expresarse de alguna forma en un texto jurídico-político como el Estatut. A pesar de ser preguntado por las ocho fórmulas a las que se refirió para solucionar este asunto, se limitó a asegurar que existen, pero que hay que respetar «el procedimiento democrático», con sus «tiempos y sus reglas».

Respecto al sistema de financiación que recoge el Estatut, Zapatero apostó por «una buena regla de responsabilidad fiscal» que se traduzca en que tanto el Estado como las autonomías se comprometan con sus impuestos. Es decir, que además de que el Gobierno central debe mantener la recaudación de sus impuestos en las comunidades, la hacienda autonómica debe colaborar y coordinarse con el Estado y, al mismo tiempo, fijar unos impuestos autonómicos propios.

No obstante, explicó que otro principio debe regir el Estatut en materia de financiación, el de la solidaridad interterritorial, «que tiene que estar garantizada tanto en el modelo de financiación autonómica, como en la solidaridad que el Estado hace de sus propios recursos».

«No tengo ninguna duda de que vamos a encontrar esa fórmula de convivencia, que más que una fórmula tenga una trascendencia jurídica afecta a los sentimientos, a la identidad de cada uno, en relación con su tierra y con España.