El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira, tras informar al
fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, presentó ayer un
recurso de reforma contra la decisión del juez Santiago Pedraz de
tramitar una orden de busca y captura contra los tres militares
norteamericanos implicados en la muerte en Irak del cámara de Tele
5 José Couso.
El principal argumento para ello es que la querella que dio
inicio al proceso ni siquiera ha sido todavía admitida a trámite.
La familia de Couso se mostró decepcionada, ya que asegura que la
Fiscalía se había comprometido a «no poner trabas» a la querella
que presentó en 2003.
Rubira explica que repitió insistentemente ante el juez Pedraz
la necesidad de que hubiera un pronunciamiento previo sobre la
querella, que se admitiera a trámite o se rechazara. La propia Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al Juzgado Central de
Instrucción número 1 que se pronunciara, algo que todavía no ha
hecho. Se llegó a informar de que el juez Guillermo Ruiz Polanco
admitió a trámite la querella que presentó la familia Couso en
octubre de 2003, pero fuentes próximas al Juzgado Central de
Instrucción número 1 confirmaron que no está formalmente admitida a
trámite.
Y la querella no está admitida porque para ello eran necesarios
los informes y documentos que primero el juez Baltasar Garzón y
después Fernando Grande-Marlaska solicitaron el 20 de abril de
2004. Los requerimientos a Estados Unidos, tramitados por el
Ministerio de Justicia, se reprodujeron el pasado 31 de mayo,
después de que Santiago Pedraz tomara posesión del Juzgado. La
Fiscalía tacha la resolución adoptada por Pedraz más como «una
represalia que una consecuencia lógico-jurídica», puesto que está
motivada por la ausencia de respuesta de Estados Unidos a las dos
comisiones rogatorias cursadas.
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