La batalla de los dos grandes partidos por hacerse con las riendas del Tribunal Constitucional en las deliberaciones que debe mantener sobre el recurso del PP a la Ley Orgánica que regula este organismo (LOTC) podría acabar por anular por completo el Alto Tribunal. El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, confirmó ayer la intención de su partido de recusar a tres magistrados del organismo en el debate sobre la LOTC, en la que el Gobierno ya tiene recusados a otros dos magistrados. Anoche, el secretario ejecutivo de Libertades Públicas y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, señaló que su grupo parlamentario recusará hoy a varios magistrados del Tribunal Constitucional.
En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Zaplana no precisó el nombre de los tres magistrados que el PP pretende recusar, aunque sí que los fundamentos jurídicos para presentar la recusación serán «similares» a los que el Gobierno ha presentado para apartar de las deliberaciones de la LOTC a dos miembros del sector conservador del Constitucional, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata. La Abogacía del Estado basó su recusación en que estos dos magistrados prejuzgaron el objeto del litigio en una misiva a la presidenta del organismo en la que expresaban su disconformidad con la norma.
A juicio del portavoz del PP, que admitió que la iniciativa de la formación es una respuesta al movimiento del Ejecutivo, las recusaciones planteadas por el Gobierno son «insólitas» y «abren un camino que jamás se había recorrido». En todo caso, Zaplana consideró que «los motivos que se imputan a unos tienen que servir para todos».
El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, indicó que la «estrategia» del PP a lo largo de esta legislatura persigue «interferir» no ya sólo al Constitucional, sino también en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras la decisión de los populares de suspender las negociaciones para la renovación del organismo de gobierno de los jueces.
Aunque Garrido se mostró «convencido» de que las recusaciones del PP no van a tener «ningún tipo de consistencia ni fundamento», lo cierto es que, de prosperar las impugnaciones que realizarán los populares y las que ya ha solicitado el Gobierno, el Tribunal Constitucional quedará completamente bloqueado.
El Pleno del TC se compone de 12 magistrados, incluyendo a la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, ambos apartados de las deliberaciones sobre la LOTC el pasado 16 de octubre al considerarse en el propio organismo que son partes implicadas en el objeto de litigio. Precisamente por este motivo, el viernes 19 el Gobierno recusaba a dos magistrados del sector conservador, con el fin último de equilibrar la balanza en el seno del
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