OTR PressMadrid12/11/07 0:00
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Dos fiscales de Barcelona están ultimando el escrito de acusación por la supuesta trama de la corrupción en la Inspección de Hacienda de Catalunya descubierto en 1999. El escrito, que deberá visar el fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, acusará a un mínimo de 16 personas por cohecho, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y delito fiscal.

En el banquillo se sentarán, entre otros: José María Huguet, inspector regional jefe de Cataluña de 1988 a 1994, el asesor fiscal Juan José Folchi, el financiero Javier de la Rosa, el constructor y ex presidente del FC Barcelona José Luis Núñez Clemente y su hijo José Luis Núñez Navarro. La fiscalía, según adelantó ayer 'El País' también acusará a los inspectores de Hacienda Àlvaro Pernas, Manuel Abella, José Lucas Carrasco y Roger Bergua, así como al empresario Eduardo Bueno por amañar actas de inspección a diversas sociedades.

El juicio podría celebrarse en un año, dado que se trata de una causa de 400.000 folios. La parte más laboriosa, que es la instrucción, concluyó el pasado mes de junio tras ocho años de investigación. El caso provocó en su día la dimisión de José Borrell como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno al trascender que entre los imputados estaban Huguet y Ernesto de Aguiar, colaboradores suyos cuando fue secretario de Estado de Hacienda.

La investigación ha probado que entre 1990 y 1993 Huguet y Aguiar recibieron en unas cuentas de Suiza 400 millones de pesetas procedentes del grupo Torras-Kio.

Quien ya ha presentado escrito de acusación es el abogado del Estado. Solicita penas que suman 37 años y medio de cárcel para Folchi, Núñez Clemente, Núñez Navarro y para Salvador Sánchez Guiu, responsable financiero de las empresas del Grupo Núñez. La tesis de la acusación es que esas sociedades amañaron sus deberes fiscales con Hacienda gracias a los «buenos oficios» de Huguet, quien tenía una «relación de personal agradecimiento» con Folchi «por haberle concedido la oportunidad de enriquecerse». El abogado del Estado también sostiene que Núñez padre e hijo «se ganaron la voluntad favorable» de los inspectores Abella y Bergua a cambio de venderles propiedades por un precio muy inferior al del mercado y la de Carrasco, con pagos de 123 millones de pesetas.