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El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado este viernes por los delitos de rebelión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; al exvicepresidente Oriol Junqueras; al candidato Jordi Turull; a la expresidenta de Parlament Carme Forcadell; a la número 2 de ERC, Marta Rovira, y a otros seis exconsellers, además de al exresponsable de la ANC Jordi Sánchez y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

No son procesados por ningún delito el expresidente de la Generalitat Artur Mas; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.

En el auto de procesamiento, el juez procesa además a los otros cinco miembros del Govern cuando sucedieron los hechos: Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.

A Puigdemont, Junqueras y los siete consellers procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación , sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.

Reclutamiento

Llarena atribuye al candidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Turull no solo la gestión de la publicidad sino también la coordinación de la infraestructura informática para el 1-O y el reclutamiento de miles de voluntarios para que se llevara a cabo.

El juez deja constancia en el auto que Turull, como consejero de Presidencia y portavoz del Govern en los últimos meses previos al 1-O y a la declaración de independencia, formó parte de un grupo de personas cuya contribución consistió en garantizar la realización de la votación

Recuerda el juez que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) dependía de él y en su seno se crearon páginas web, aplicaciones, plataformas y programas informáticos utilizados para el referéndum ilegal del 1-O.

Llarena sostiene que Turull, además de la movilización impulsada desde sus funciones de portavoz del Gobierno, gestionó y diseñó la inserción publicitaria del referéndum, además de coordinar las infraestructuras informáticas puestas al servicio del mismo.

Y lo hizo «tanto en lo relativo a divulgar la forma de votación, como en el reclutamiento de miles de voluntarios que asumieran la constitución de las mesas o la elaboración del registro de catalanes en el exterior».

Desobediencia

Llarena no ha atribuido un delito de rebelión, sino otros de desobediencia y/o malversación, a 12 de los 25 procesados por el «procés» para la independencia de Cataluña, entre ellos tres de los siete fugados: Anna Gabriel (CUP), Lluís Puig (PDeCat) y Meritxel Serret (ERC).

En concreto, el magistrado del Supremo cree que Gabriel y la también responsable de la CUP Mireia Boya solo incurrieron en un delito de desobendiencia al no atender a las decisiones del Constitucional. Este delito no comporta penas de prisión, pero sí de inhabilitación.

A los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet también les atribuye solo un delito de desobediencia, por la «tenaz y perseverante desatención del requerimiento» del Constitucional para que «impidieran o paralizaran cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias».

En otros cinco procesados ve indicios de que cometieron delitos de desobediencia y de malversación: los exconsejeros Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Serret, porque desatendieron también al Constitucional y autorizaron las contrataciones necesarias para el 1-O.

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