Todos ellos, además de la dirigente de ERC Marta Rovira, que ha huido, estaban citados este viernes ante el instructor de la causa, Pablo Llarena a fin de practicar la 'vistilla' para revisar su situación procesal.
El Ministerio Público considera que en este momento procesal ya cuenta con un instrumento de imputación, el auto de procesamiento notificado a los encausados esta mañana, y ello justifica sus peticiones.
Así, ha argumentado ante el juez Pablo Llarena que existe riesgo de fuga y que esta circunstancia se ve agravada por la circunstancia de haberse comunicado la fuga de la número dos de ERC Marta Rovira, según las mismas fuentes, y aprecia igualmente riesgo de reiteración delictiva.
En este sentido, la Fiscalía asume la fundamentación del auto dado a conocer este jueves por la Sala de Apelación del Tribunal Supremo respecto del exconseller del Interior Joaquim Forn, que se manifestó en contra de la postura del Ministerio Público solicitando libertad bajo fianza por razones humanitarias y no le excarceló.
Entiende la Fiscalía que para el alto tribunal era indiferente que dejara el escaño o la política bastando con su implicación en la trama de rebelión investigada, y ahora la acusación pública asume esta postura y por ello entiende que debe actuarse conjuntamente respecto de todos los encausados, los presentes y los huidos.
De momento, no existen razones para hacer distinciones respecto de ellos, sin perjuicio de que este extremo pueda variarse en el futuro.
Tanto Turull como Rull, Romeva y Bassa están procesados por los delitos de rebelión y malversación en la causa del proceso soberanista que instruye el magistrado Pablo Llarena, mientras que a Forcadell se le atribuye únicamente delito de rebelión, de acuerdo con el auto de procesamiento del juez que ha dado a conocer antes de celebrar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Todos los citados este viernes, a excepción de la secretaria general de ERC, han estado previamente en situación de prisión provisional.
En el caso de los exconsellers Turull, Rull, Romeva y Bassa, desde el 2 de noviembre hasta el 4 de diciembre del pasado año, cuando el juez acordó su libertad provisional sujeta al pago de una fianza de 100.000 euros.
Carme Forcadell pasó una noche en la cárcel después de prestar declaración en sede judicial el 9 de noviembre y salió tras abonar una fianza de 150.000 euros.
Marta Rovira, por contra, declaro ante el juez Llarena el 19 de febrero y quedó en libertad también bajo fianza de 60.000 euros y con la única medida cautelar de comparecencias quincenales.
Este mismo viernes por la mañana ha comunicado por carta que no iba a acudir a la citación judicial y se marchaba al exilio, al sentir su libertad de expresión «censurada» por unos tribunales, ha dicho, que intimidan y aplican criterios políticos.
Tanto la número dos de la formación independentista como Forcadell y Bassa anunciaron este jueves, tras el debate de investidura de Jordi Turull, que dejaban su acta de diputadas para «plantar cara al chantaje judicial del Estado».
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