La concejal de vivienda, Lucía Martín, ha explicado este viernes en rueda de prensa que el consistorio ha aplicado así las leyes catalanas 24/2015 y 4/2016 -de medidas urgentes para la emergencia en el ámbito de vivienda y la pobreza energética- una vez que el Gobierno socialista retiró los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Ejecutivo del PP.
El Ayuntamiento ha incorporado ya al parque municipal de vivienda el piso vacío, del que ha expropiado el derecho de uso después de comprobar que llevaba más de dos años vacío.
El uso de esta vivienda se ha podido expropiar al cumplirse dos condiciones: se sitúa en una zona de «alta demanda y gran necesidad» -concretamente en el barrio del Besós, en el distrito de Sant Martí- y estaba inscrito en el registro de viviendas vacías de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.
La expropiación del uso se lleva a cabo tras concluir un procedimiento que consta de cuatro fases: el consistorio comprueba si el piso se encuentra en el registro de viviendas vacías, observa el empadronamiento, reclama los certificados del consumo de agua y finalmente lleva a cabo una inspección municipal para certificar que no está habitado.
El Ayuntamiento se ha apoyado en este caso en el artículo 15 de la ley 4/2016, que permite la expropiación del derecho de uso temporal de una vivienda por un periodo de entre cuatro y diez años; Barcelona ha optado en esta ocasión por expropiar el uso durante el máximo de tiempo que permite la norma.
Martín ha indicado asimismo que existen otros siete procedimientos de este tipo en marcha que afectan a viviendas propiedad de Caixabank, el BBVA, la Sareb y Bankia.
Por otra parte, el consistorio de la capital catalana ha sancionado, aplicando el artículo 5.2 de la ley 24/2015, a una sociedad por iniciar el desahucio de una familia en el barrio del Raval sin ofrecerle un alquiler social; se trata de una infracción de la normativa tipificada como «grave» que puede conllevar una multa de hasta 90.000 euros.
Martín ha detallado que hay actualmente hasta 300 casos que el consistorio está gestionando y que «a priori» deberían acabar con el ofrecimiento de nuevos alquileres sociales.
Técnicos de la concejalía han explicado que en el registro de viviendas vacías se cuentan ahora unos mil pisos y que las sanciones aplicadas a grandes propietarios por el incumplimiento de normativas ha alcanzado un total de 165.000 euros que han acabado en las arcas municipales, con otros procedimientos en proceso que pueden sumar «más de 500.000 euros» más.
«El objetivo que nos persigue no es la sanción. Queremos que se garantice el derecho a la vivienda», ha apuntado aun así inmediatamente Martín, que se ha estrenado esta mañana como concejala ante los medios.
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Aquí vamos a acabar como en Venezuela. Se empieza legalizando el robo y se destruye todo.