La propuesta que este miércoles ha entregado el secretario general de Vivienda, David Lucas, a la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, en el marco de la negociación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, plantea establecer, en los nuevos contratos de arrendamiento, un porcentaje de reducción general del 50 %, modulable en función de diversos criterios.
En el documento, el departamento que dirige José Luis Ábalos se reafirma en que los sistemas de limitación de precios que exige su socio de gobierno «no han demostrado su eficacia en Alemania o Francia».
70 % DE DESGRAVACIÓN PARA EL ALQUILER A JÓVENES
Para el alquiler de viviendas a jóvenes entre 18 y 35 años, el Mitma prevé una reducción adicional del 20 % (70 % en total), mientras que para el de vivienda protegida y casas recientemente rehabilitadas prevé sería de un 10 % adicional (60 % en total), siempre que se hayan realizado obras de rehabilitación o mejora en la vivienda en los últimos tres años que impliquen un desembolso de más de seis meses de renta.
En los casos de arrendamientos inquilinos con «ingresos reducidos» en un porcentaje por determinar, propone una bonificación también en fase de estudio.
ZONAS TENSIONADAS UN MÁXIMO DE TRES AÑOS
La propuesta introduce en el anteproyecto de ley la posibilidad de que las comunidades y ayuntamientos puedan declarar por un periodo de tres años zonas de mercado residencial tensionado sobre la base de los índices estatales de referencia.
En esos ámbitos en los que «se haya producido un incremento sostenido en los alquileres y los hogares sufran una mayor sobrecarga financiera para el pago del alquiler», el Mitma apuesta por bonificar los alquileres inferiores a una renta máxima con un 20 % adicional, si se trata de la incorporación al mercado de nuevas viviendas, y más de un 10 % si es respecto al contrato anterior (+ 40 %).
BONIFICACIÓN DEL 70 % PARA CESIONES DESTINADAS A ALQUILER SOCIAL
Asimismo propone otorgar una bonificación del 70% a los propietarios que cedan sus viviendas para alquiler social o asequible a comunidades o ayuntamientos en el marco de algún programa público.
Respecto a la cesión o alquiler de vivienda a entidades sin ánimo de lucro especializadas en la atención a hogares o colectivos vulnerables, prevé que los propietarios se puedan acoger a la misma reducción del rendimiento neto obtenido a través del acuerdo con la entidad.
Desde el Mitma ponen como ejemplo que si un propietario firma un nuevo contrato de alquiler en una zona tensionada reduciendo un 10 % la renta del contrato anterior tendría derecho a una reducción del 90 % sobre el rendimiento neto en su declaración.
Es decir, suponiendo un contrato de arrendamiento de 700 euros mensuales, si firma un nuevo contrato por 630 euros, tendría derecho a un beneficio fiscal en el IRPF de cerca de 950 euros al año, superior al beneficio neto que le reportaría optar por un incremento de la renta.
RECARGO EN EL IBI DE VIVIENDAS VACÍAS
Otras de las medidas que plantea son: que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo en la cuota del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a los inmuebles de uso residencial que permanezcan desocupados más de dos años, fijando un número mínimo de cuatro inmuebles por propietario, y estableciendo una serie de causas justificadas de desocupación temporal.
Entre ellas, la de traslado por razones laborales o de formación, cambio de domicilio por razón de dependencia, salud o emergencia social e inmuebles destinados segunda residencia con un máximo de 4 años de desocupación continuada o aquellos en obras o inmersos en algún litigio.
También exceptúa los inmuebles en venta (un año máximo) o alquiler (con un máximo de seis meses), en condiciones de mercado.
Desde el Mitma sostienen que su propuesta para la ley de vivienda es «de las más ambiciosas de Europa» y que hace compatible la contención de los precios de alquiler en el incremento de la oferta».
Subrayan además que esta «cumple con lo acordado» en los vigentes acuerdos de gobierno y de Presupuestos suscritos con Unidas Podemos.
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