La programación de licencias prevista en la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) de Calvià ha puesto de relieve,
una vez más, la división del Pacto de Progreso en materia
urbanística. El orden del día de la Comissió Insular d'Urbanisme
(CIU) del Consell, que se reúne esta mañana, incluye la
modificación puntual del PGOU de Calvià para regularizar la
aplicación de cupos anuales de licencias, pero no es seguro que
este tema se vaya a tratar. Aunque este extremo no fue confirmado,
se da por hecho que el debate se aplazará ya que el Consell dispone
hasta principios de julio para posicionarse sobre este tema.
PSOE, PSM y Esquerra Unida-Els Verds solicitaron ayer a Unió
Mallorquina, que ostenta la presidencia de la Comissió d'Urbanisme,
dejar este punto sobre la mesa y este partido se comprometió a
tener en cuenta la petición. Además, un miembro de UM no estará en
la reunión de hoy, lo que generaría un empate y Rafael de Lacy,
presidente, tendría que recurrir a su voto de calidad de nuevo. De
Lacy despejará esta mañana todas las dudas, aunque insistió en que
«se hace cuesta arriba ir en contra del dictamen del Consell
Consultiu. La programación de licencias, además, ya está prevista
en las Directices de Ordenación del Territorio».
Marilena Tugores y Miquel Àngel Llauger, en representación de
EU-El Verds, se manifestaron a favor de los «numerosos clausus» en
las licencias de obras, pero también consideraron que un
aplazamiento permitiría plantear el tema a nivel de todas las
Islas. «El Govern tendría que ser valiente y reformar la Ley del
Suelo y las Directrices para regular los ritmos de crecimiento de
Mallorca. Adquirido el compromiso, debería plantear medidas
cautelares», indicaron. Antoni Alorda (PSM) también se mostró
partidario de retirar este punto del orden del día. «Damos soporte
a los cupos, aunque creemos que hay que afrontarlo para toda la
Isla». El socialista Carlos Aguilar mantuvo que «lo más juicioso»
es aplazar el debate y estudiar más a fondo la cuestión.
El conseller d'Obres Públiques, Josep Antoni Ferrer, por su
parte, anunció ayer que el Govern está dispuesto a realizar una
modificación puntual de la Ley de Disciplina Urbanística para dar
seguridad jurídica a la programación de licencias de Calvià,
acatando de esta forma el planteamiento del Consell Consultiu.
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