La Comissió d'Urbanisme de Mallorca aplazó ayer, por tercera vez,
la aprobación de la programación de licencias que desde hace dos
años aplica el Ajuntament de Calvià, por las dudas jurídicas que
continúa planteando. Hace casi un año, el 27 de junio de 2000, esta
comisión decidió aparcar la aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana por la inseguridad jurídica de los cupos de
licencias. Poco después, el 17 de julio, Urbanisme aprobó el Plan
General, pero excluyó esta cuestión.
Ayer, PSOE, PSM y EU-Els Verds forzaron la retirada de este
punto del orden del día, argumentando la necesidad de estudiar los
nuevos informes y sentencias que avalan la legalidad de los
«números clausus» en las licencia de obras. «Sería precipitado
resolver ahora», aseguró el nacionalista Antoni Alorda. Unió
Mallorquina también se manifestó a favor de aplazar el debate.
Miquel Nadal expuso que «la medida de Calvià no es mala, todos los
grupos estamos a favor de la protección del territorio y UM
también, pero hay que respetar la legalidad jurídica». Con estos
argumentos, Rafael de Lacy, presidente de la comisión, dejó sobre
la mesa este punto. «Ahora se tienen que valorar si se tiene que
hacer una reforma legislativa o no para regular los cupos».
El Partido Popular fue especialmente crítico con esta decisión
de Urbanisme. Antoni Llamas, que sustituyó a Joan Verger, denunció
la incapacidad de la Comissió d'Urbanisme para resolver este tema.
«Resulta extraño y espurio plantear una modificación puntual
iniciada en el planeamiento anterior. Todo para atender los
caprichos de la señora Nájera». «No es de recibo retrasar un mes
más esta decisión. Los ciudadanos exigen que la Administración sea
rápida y eficaz», aseguró Llamas.
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