El Ministerio de Medio Ambiente contestó el pasado jueves unas
declaraciones del conseller Jaume Font, negando que la resolución
de 17 de mayo hubiera «privatizado» la piscina que usa la familia
de Ramírez, como sostenía el conseller. Este periódico informó
entonces a la Delegación del Gobierno de su intención de pasar por
la zona, y de que se avisara a la Guardia Civil que hace guardia
permanente delante de la casa y a los guardaespaldas de Ramírez
para evitar problemas. La intención era verificar las condiciones
de la piscina y el solárium, toda vez que por fotografías recientes
parece deducirse que, efectivamente, estas instalaciones tienen un
uso de carácter privado, como asegura el conseller.
Ultima Hora se dirigió el pasado viernes a la Delegación del
Gobierno de Baleares para informar de que, a partir del martes día
23, un equipo de periodistas ejercería el derecho de tránsito en la
Costa dels Pins. «En caso de que se haya restringido el derecho de
paso -de lo que no tenemos constancia oficial- rogamos nos lo
comuniquen con la mayor brevedad posible», decía la misiva.
La nota de la Dirección General, firmada ayer por el subdirector
general Miguel Velasco, clarifica el alcance de la resolución de 17
de mayo de 2005, que en ningún momento habla de suspender la
servidumbre de paso, sino únicamente del «uso público» de la
piscina y la terraza. Por esta razón, los representantes de ERC,
PSM, EU, Els verds, Lobby i GADMA exigieron el sábado día 7
transitar por la franja costera. La resolución que suspende el uso
público y la servidumbre de paso todavía no ha sido publicada en el
BOE, a pesar de afectar al dominio público e interesar a terceros.
Tampoco se ha establecido un paso «en condiciones análogas» en la
zona, como establece el artículo 27 de la ley.
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