Imagen del puente que cruza el Riuet de Porto Cristo. | G. Alonso

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El inminente inicio de las obras de demolición del puente del Riuet de Porto Cristo, en plena temporada turística, ha encendido las alarmas en todo el sector turístico, comercial y de la restauración. Las consecuencias se prevén terribles para unos negocios ya tocados duramente por la crisis.

Este hecho ha obligado al Ajuntament de Manacor a pedir al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) el aplazamiento del derribo y del desvío de servicios que pasan por el interior del puente hasta mediados del mes de octubre.

El anuncio del TSJB que ordena el inicio inmediato de la demolición ha caído como un jarro de agua fría sobre los vecinos de Porto Cristo que se habían encomendado a la esperanza después de que el derrumbe se suspendiera durante unos meses por orden judicial.

Repercusiones

Una crispación generalizada ha puesto en pie de guerra a los empresarios por las repercusiones económicas que tendrá la demolición en plena temporada turística.

El delegado de la Zona Costera del Ajuntament, Joan Gomila, ha alertado de las pérdidas «brutales» que se sufrirán y avisa de que están en juego «300 puestos de trabajo entre establecimientos turísticos, comerciales y de restauración».

Tanto es así que Gomila ya anuncia que seguramente «los 12 restaurantes que se encuentran en el perímetro de 70 metros del puente pueden cerrar cuando quiera porque nadie querrá ir a comer entre polvo y ruido».

«Las repercusiones económicas serán muy graves, me pregunto hasta dónde hemos llegado para tener que sufrir esta situación de indefensión ya que incluso nos niegan recurrir al Tribunal Constitucional» comenta el regidor.

Gomila, además, lamenta que ahora, el TSJB se defienda con una ley de ni más ni menos de 1978 sobre valores paisajísticos para querer derribar el puente, «es increíble porque por la misma regla de tres se podría demoler medio Mallorca ya que todo en su momento generó un impacto ambiental».

Capricho

Desde el Ajuntament de Manacor se recuerda que tienen «todos los informes de impacto ambiental necesarios» y se apunta al «capricho» de un juez «para tirar por los suelos el puente en pleno verano».

Si no hay contra orden, las obras podrían comenzar la semana que viene y se empezaría por el complicado desvío de servicios, es decir, por las canalizaciones de agua, electricidad y telefonía que pasan por el interior de la infraestructura. Una tarea compleja ya que en verano la población de Porto Cristo prácticamente se duplica.

Al mismo tiempo se iniciará el desmontaje del puente empezando por las barandillas hasta completar la demolición total, que costará 1,3 millones, de una infraestructura que se pagó a partes iguales entre el Ajuntament, el Consell de Mallorca y el Govern balear.