Un detalle de la factura sobre el estudio económico realizado por el militante 'popular'. (Pulsa sobre la imagen para ampliar el detalle de la factura)

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Los grupos de la oposición en Inca (PSOE, Independents y Més) criticaron ayer que el equipo de gobierno (PP) haya gastado casi 8.000 euros en dos informes técnicos sobre la privatización del servicio de agua, uno de los cuales a Félix Sánchez, exgerente del Hospital de Inca y miembro de la junta local del PP.

Este informe, un estudio sobre la vialidad económica de la privatización, costó 3.999,50 euros. El otro, sobre ingeniería, costó 3.993. La oposición considera que los técnicos municipales «están capacitados» para elaborar dicho trabajo, con lo que el Consistorio se habría ahorrado 8.000 euros.

Socialistas, Més e Independents calificaron de «muy turbio» que el estudio económico que justifica privatizar el agua lo haya elaborado un miembro de la junta local del PP y hombre de confianza del alcalde.

Además, acusan al equipo de gobierno de «esconder información» sobre la cuestión, «dado que el estudio económico de Sánchez no ha pasado por el registro de entrada ni consta en el expediente». En el último pleno se solicitó copia del informe, pero aun «no se ha entregado porque, según dicen, ni los técnicos y ni los regidores del gobierno lo tienen». En este sentido, exigen al alcalde que aclare los hechos, facilite toda la documentación y lo explique.

«No es de recibo» que el PP, que ha decidido de forma unilateral privatizar el agua por un período de 30 años, encargue a un militante un estudio para justificarlo y que dicho estudio «no aparezca ni en el registro ni en el expediente ni en ninguna parte», insiste la oposición. «El PP hace de juez y parte y esconde la información que le interesa», sentencian. De igual modo, ven «sospechoso» que el coste de los estudios no alcance por poco los 4.000 euros. De costar más, se habría tenido que convocar concurso público.

Por su parte, el alcalde manifestó que el estudio «es el que aparece en el pliego de condiciones» y que se encargó a una asesoría «porque así lo pidieron los técnicos». «Intentamos que costara el mínimo al erario público», dijo en referencia al tope de 4.000 euros.